En la sesión del Pleno 688, la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico, en el cual se unificaron las iniciativas de los parlamentarios Héctor Muñoz y Cristóbal Lloret.
Objetivos y fines
La propuesta, que se trabajó en la Comisión de Justicia, tiene como objeto: establecer un marco normativo que permita concentrar los esfuerzos del Estado para combatir el contrabando, la defraudación aduanera y fiscal, la receptación aduanera, los actos lesivos contra la propiedad intelectual; adecuar las penas contra los delitos asociados al comercio ilícito; establecer sistemas de trazabilidad y crear bases de datos.
También, busca fortalecer la institucionalidad para combatir estos fenómenos que afectan a la competitividad y al desarrollo del país, limitando las posibilidades de empleo y bienestar; atacar a los grandes contrabandistas; y otorgar herramientas institucionales que permitan perseguir eficazmente los delitos asociados al comercio ilícito.
Promueve, además, la defensa de los derechos de propiedad; el fomento del comercio legal; mecanismos de prevención en la construcción de una cultura de prácticas legales; impulsa la cooperación interinstitucional y multisectorial; implementa modelos de trazabilidad y desarrolla una base de datos para construir un sistema de información; e incentiva la producción nacional.
Socialización
Más de 50 organizaciones, académicos, expertos en materia penal y aduanera, gremios, representantes del sector público y privado formularon múltiples observaciones y aportes al proyecto.
Reformas
Contempla reformas a los códigos Orgánico Integral Penal; de la Producción, Comercio e Inversiones; de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; así como a las leyes de Comercio Electrónico y de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.
El cuerpo legal acoge las recomendaciones internacionales en el combate al comercio ilícito y trata de armonizar, justamente, las leyes ecuatorianas con los compromisos a nivel mundial.
Trabajo conjunto
José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia y ponente, invocó a un trabajo conjunto, obligatorio y vinculante entre las diversas entidades y la sociedad para desarrollar una lucha firme, integral e institucionalizada contra el comercio ilícito. Es clave implementar una normativa y política pública eficaz dijo, al señalar que este flagelo tiene incidencia directa en la pérdida de empleo, un impacto en la salud y genera competencia desleal.
Reconoció que es difícil establecer los alcances del comercio ilícito en todas sus formas, cuya actividad debe ser investigada y cuantificada con rigurosidad. Enfatizó que el proyecto trata de fomentar la productividad y precautelar los derechos de propiedad intelectual, por lo que sugirió que se priorize su tratamiento y aprobación.
Indicó que la Alianza Latinoamericana Anticontrabando dio cuenta que el comercio ilegal mueve recursos por un total de 150 mil millones de dólares por año, lo que equivale a 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la Región. Además, ubicó a nuestro país en el puesto 60 de 84, en razón que carece de un sistema normativo e institucional efectivo, al momento de monitorear y prevenir el comercio ilícito, por lo sugirió fijar mecanismos de cooperación interinstitucional, que permitan prevenir y luchar contra esta problemática.
Debate
En el debate intervinieron 11 parlamentarios. Las opiniones se enfocaron en que a la par de la reforma, se necesita voluntad política para combatir el comercio ilícito que afecta al sector productivo y al empleo, protegiendo en todo instante a la industria nacional.
Se insistió que es fundamental investigar y sancionar a las organizaciones y redes delincuenciales que se dedican a esta actividad ilícita, sin afectar los intereses de los comerciantes de la calle que viven del día a día, sino más bien abriendo espacios y oportunidades de empleo para este importante segmento poblacional. Hay que tomar en cuenta la gradualidad y dosimetría penal en cuanto a las penas para este tipo de casos, puntualizaron.
Los criterios, además, se refirieron a poner en marcha un control más efectivo y eficiente en los puertos y aeropuertos, al igual que en los pasos clandestinos de frontera, para lo que se requiere contar con una policía aduanera más capacitada y profesional. Asi mismo, se planteó impulsar el modelo de trazabilidad pública, herramienta sustancial para conocer el origen y destino de los artículos y productos que ingresan al país.
MG/cz
