Nuevas sugerencias se presentaron a los proyectos de Ley Orgánica de Prevención de Conflicto de Interés; Ley que Transparenta y Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Servidores Públicos; y Ley que Regula la Vinculación y Representación de Intereses y Relaciones Públicas, que tramita la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social.
En esta ocasión, la mesa recibió a Brenda Espinosa, representante de la Organización Hemisferio D, quien mencionó que la gestión de intereses es la interacción que existe entre el sector público y privado y regula la toma de decisiones. A la vez, mencionó que los proyectos de ley deben considerar estándares internacionales.
En cuanto al ámbito de aplicación señaló que debe existir una regulación horizontal y otra vertical. La primera debe abarcar a todas las instituciones y la otra deberá alcanzar a los funcionarios que tienen poder de decisión.
Así también destacó que es preciso que la norma contemple el “Periodo de enfriamiento”. En este sentido mencionó que un funcionario debería esperar dos años para la ocupación de un nuevo cargo público, tal como lo determina la Constitución. Además, dijo que será necesario analizar el alcance del cargo público o la incidencia que pueda tener a futuro en un conflicto de interés.
Respecto al régimen sancionador indicó que ya existe normativa para sancionar a los funcionarios públicos, pero expresó que se debería generar y establecer un proceso disciplinario para los gestores en el caso de que cometan faltas.
La Comisión, además, recibió a Marcelo Guevara, experto en materia administrativa, quien mostró su satisfacción por el tratamiento de estos proyectos que permitirán regular el lobby en el país. Indicó que, en América Latina, solamente Chile, Perú, México y Colombia cuentan con esta normativa.
Resaltó que al lobby siempre se lo ha catalogado como una actividad ilícita porque se lo ha relacionado con tráfico de influencias, cohecho, soborno, intermediación, pero no se ha considerado su verdadero sentido: la facultad para que un profesional trabaje bajo esquemas de transparencia. El lobby es una actividad legítima y lícita, agregó.
Una vez terminadas las intervenciones, el presidente de la Comisión, Raúl Tello, clausuró la sesión.
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