La Comisión de Desarrollo Económico, en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas, recibió observaciones, por escrito, para que sean incorporadas en el informe para primer debate.
Las sugerencias las planteó el asambleísta Fernando Burbano, quien propuso que se incluya una disposición general en la que conste que hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año, las empresas públicas creadas por y bajo la autoridad de la Función Ejecutiva deberán presentar a la Asamblea Nacional los estados financieros del ejercicio anual inmediatamente anterior, debidamente auditados, y un informe de evaluación de la gestión anual que incluya los indicadores de desempeño sobre la eficiencia, eficacia y calidad del servicio.
Igual procedimiento deberán observar las empresas públicas creadas por y bajo la autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las que deberán remitir dicha documentación a los concejos municipales y consejos provinciales, según corresponda. El incumplimiento de esta disposición legal será causal de destitución de la máxima autoridad ejecutiva de la empresa pública.
El asambleísta Fernando Callejas también remitió otra observación en la que solicita analizar los posibles escenarios de inconstitucionalidad formulados desde la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, respecto a la reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
Indicó que se ha determinado que la posible conculcación de los artículos 283 y 315 de la Constitución de la República se supera siempre que en la reforma se establezca, de manera adecuada, como una atribución y competencia de la Superintendencia de Compañías la supervisión y control de las empresas públicas, tal como lo establece el artículo 213 de la Carta Magna.
El parlamentario reafirmó que es imprescindible contar con un ente técnico que realice un control continuo de las empresas públicas y de esta manera evitar un resultado adverso a los intereses nacionales.
El titular de la Comisión, Esteban Albornoz, sostuvo que este proyecto de ley ha sido ampliamente socializado y con base a las observaciones realizadas y los consensos internos alcanzados en la comisión se elaborará el informe para primer debate.
Así también indicó que las empresas públicas deberán estar regidas por un solo régimen de contratación pública y no que cada empresa se regule como lo plantea el Ejecutivo. El asambleísta Callejas coincidió con este criterio y, además, apoyó la eliminación del giro específico de negocio.
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