Fortalecimiento institucional, propiedad intelectual, adecuar penas de los delitos asociados, sistemas de trazabilidad de datos, fomento de la producción nacional, son los principales ejes del Proyecto de Ley Orgánica que reforma diversos cuerpos legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico.
Dentro del fortalecimiento institucional, se establece la creación del Comité Interinstitucional para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito que asumirá la construcción y emisión de la política de Estado. También le corresponde la coordinación, articulación, control, fiscalización, sistematización y consolidación de los resultados obtenidos con la implementación y ejecución de las acciones llevadas a cabo por las distintas instituciones estatales. En este ámbito, se busca reforzar la gestión del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe).
Además, se orienta a garantizar los derechos de propiedad industrial, de autor y de obtentor; la promoción de los productos de origen local en los centros de intermedicación comercial; fijar sistemas de trazabilidad para un control de productos sensibles y monitoreo de los operadores económicos. Dentro de los delitos asociados al comercio ilícito, se hace mención del contrabando, defraudación aduanera, receptación aduanera, actos lesivos contra la propiedad intelectual y lavado de activos.
Amplia participación
La propuesta se la construyó en la Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta José Serrano, con la participación de más de 50 organizaciones, académicos, expertos en materia penal, gremios, representantes del sector público y privado, la cual ya se tramitó en primer debate en el Pleno de la Legislatura, el pasado 2 de febrero.
Oportunamente, Serrano consideró que se requiere una lucha firme, integral e institucionalizada contra el comercio ilícito, mediante un trabajo conjunto de entidades y la sociedad en general. Precisó que esta problemática incide diréctamente en la pérdida de empleo, tiene impacto en la salud y genera competencia desleal.
Normativa internacional y regional
El proyecto toma en cuenta importantes directrices de Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que establece que el Estado Parte formulará, desarrollará o perfeccionará programas encaminados a vigilar el movimiento de bienes de contrabando, así como a la detección y vigilancia de los movimientos producto del delito o de los bienes, el equipo u otros instrumentos utilizados para cometer tales delitos.
Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; la Resolución 1467 en torno del Plan Estratégico de la Comunidad Andina sobre la Facilitación del Comercio en Materia Aduanera, el desarrollo de mecanismos comunitarios de gestión de riesgo, encaminados a la reducción de las prácticas de fraude aduanero.
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