La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, recibirá, mañana, 24 de febrero, a las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, solicitantes del juicio político en contra de Andrés Isch Pérez, ministro de Trabajo, con el propósito de presentar los argumentos de cargo para demostrar que incurrió en incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa reformada, en su artículo 81.1, los asambleístas solicitantes, en la fecha y hora señaladas en el orden del día, presentarán sus pruebas de cargo ante la Comisión por el lapso máximo de tres horas; luego de lo cual, las y los asambleístas que la integran y las y los asambleístas acreditados a participar, de conformidad con esta Ley, podrán realizar preguntas por el tiempo máximo de diez minutos, con derecho a réplica. La contestación de los asambleístas solicitantes será de máximo diez minutos por pregunta.
Con las intervenciones de las asambleístas proponentes de la solicitud de juicio político inicia un ciclo de comparecencias que incluirá, entre otros actores, a representantes del Comité de Empresa de Explocen C.A., de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y a varios extrabajadores de la referida compañía.
También, está contemplada la presencia del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín y de Freddy Carrión, defensor del Pueblo. Posteriormente, acudirán los expertos en Derecho Laboral Angélica Porras, Cristóbal Buendía, Carlos Vallejo, José Álvarez y Fabián Ruiz Segura, coordinador del Observatorio de la Ley de Discapacidades, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos.
Como se recuerda, el pedido de juicio político de las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga considera que el ministro Andrés Isch incumplió sus funciones en el caso de la Empresa Explocen C.A., así como en la denegación de entrega de información al Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos, al igual que en la falta de aplicación de los beneficios laborales de la Ley Humanitaria.
También, en la falta de registro inmediato de la prohibición de ejercer cargo público de la exministra de Gobierno, María Paula Romo, tras la censura y destitución dispuesta por la Asamblea Nacional, en clara violación de las leyes de la Función Legislativa y de de Servicio Público (Losep). Así mismo, incumplió la Constitución y la Ley al no fijar el nuevo Salario Básico Unificado para el año 2021, congelándolo en 400 dólares.
La sesión virtual 37 de la Comisión está prevista para mañana, miércoles, a partir de las 08h30.
EG/cz
