Aduciendo diferentes motivos, Johana Pesántez, secretaria Jurídica de la Presidencia, delegada del Ejecutivo para presidir el Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social; Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno; y Edmundo Moncayo, director General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Provadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI-EC), no acudieron a la sesión 149 de la mesa de Justicia, prevista para este viernes, a las 08h40, en la que debían presentar una información sobre la situación carcelaria del país.
Este hecho generó la indignación y malestar de los comisionados, quienes señalaron que los acontecimientos sanguinarios y de barbarie merecen una respuesta urgente del Gobierno, para garantizar seguridad a la población ecuatoriana.
El parlamentario José Serrano, presidente de la mesa, dispuso que, a través de la Secretaría, se les vuelva a convocar a dichas autoridades para este sábado, 27 de febrero, a partir de las 09h00, indicándoles que en caso de desacatar el llamado caerán en incumpliento de funciones, lo que puede llevar a la instauración de un juicio político; posteriormente suspendió la reunión.
Excusas
Patricio Pazmiño argumentó, mediante comunicación escrita, que ha sido citado al Pleno de la Asamblea por este tema. Mientras, Edmundo Moncayo indicó que había una invitación previa de la Comisión de Derechos Colectivos, para el 05 de marzo.
En cambio, Johana Pesántez dio a conocer que ante la lamentable situación que se vivió los días 23 y 24 de febrero en los centros de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, se ha convocado al SNAI, Ministerio de Defensa y la Policía para una sesión extraordinaria a realizarse el 02 de marzo, luego de lo cual se podría enviar cualquier información al respecto.
Estructurales criminales
José Serrano responsabilizó al Gobierno de la falta de sensibilidad para proteger a los ecuatorianos frente a las estructuras criminales que se han apoderado del país, desde hace más de dos años. Ratificó la denuncia de que “la Policía, el Ministerio de Gobierno y el Servicio Integral de Rehabilitación Social recibieron más de 40 alertas del sistema de inteligencia de que estos hechos iban a suceder, incluso un día antes -22 de febrero- les dieron información específica de los centros en que se generaría esta tragedia, sin embargo no se hizo absolutamente nada”.
El problema no pasa por la reciente masacre y crisis, pues la situacion es más compleja. Estas bandas criminales se han tomado las calles del sur de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí para actividades de microtráfico y narcotráfico. Estas son las respuestas que se necesitan conocer de las autoridades, enfatizó.
Los legisladores Franklin Samaniego, Elio Peña, Lourdes Cuesta y Rodrigo Collaguazo manifestaron que la ciudadanía, lejos de sentirse segura, hoy ve con temor e impotencia la escalada de violencia debido al abandono que ha sufrido de parte del Estado. Es importante la comparecencia en el Pleno de la Asamblea, pero allí se dan limitaciones para preguntar y profundizar en torno de esta grave problemática, por lo que se justifica llamarlos a la Comisión de Justicia, añadieron.
MG/cz
