Trabajadores de Explocen y personas despedidas piden sanción para Ministro de Trabajo

Viernes, 26 de febrero del 2021 - 19:17 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Freddy Caisa, secretario del Comité de Empresa de Explocen C.A.; Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), y varias personas despedidas de otras compañías, pidieron se sancione a Andrés Isch, ministro de Trabajo, en la sustanciación de la solicitud de juicio político, presentada por Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga. La Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Elio Peña, escuchó los testimonios que demostrarían la falta de apoyo de esta Secretaría de Estado a sus derechos.

Pedimos que se lleve a cabo un juicio político en contra de Andrés Isch porque el Ministerio de Trabajo no ha cumplido con su rol de tutelar los derechos de los trabajadores, pues permitió que fueran despedidos compañeros que tenían entre cinco, 10, 15 y 20 años de trabajo, con liquidaciones irrisorias, así como cuatro intentos de desalojo de las instalaciones de la empresa, contraviniendo el derecho a la huelga, insistió Freddy Caisa.

Entre tanto, Edwin Bedoya, vicepresidente de la Cedocut y presidente del Frente Unitario de Trabajadores de Pichincha, aseguró que este juicio político enviará un mensaje a todos los funcionarios públicos, en el sentido de que deben cumplir con sus obligaciones establecidas en la Constitución y la ley.

Indicó que en este último período se ha violentado sistemáticamente el derecho a la organización sindical, así como el derecho a la contratación colectiva. En el caso de Explocen existe una confabulación entre la empresa, la Policía, las instituciones relacionadas con la justicia y el propio Ministerio, en contra de los trabajadores.

Igualmente, Juan Mosquera, Sonia Vicuña y David Leiva, quienes fueron despedidos de sus puestos de trabajo, en distintas empresas, mediante la aplicación de la figura de caso fortuito o fuerza mayor, contemplado en el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, indicaron que su desvinculación no cumplió con los justificativos que corresponden a la referida figura jurídica y se les consignaron liquidaciones que, en el mejor de los casos, llegaban a 300, 400 y hasta 1000 dólares.

Pruebas de oficio

Igualmente, con el voto unánime de sus 11 integrantes, la Comisión aprobó las mociones de los asambleístas Esteban Melo Garzón y Jaime Olivo, a fin de que se reciba como pruebas de oficio, las comparecencias de Richard González Dávila, miembro de Acción Jurídica Popular, así como de Byron Vizcaíno, gerente de Explocen, para que exponga el proceso de visto bueno contra los trabajadores, pago de sus salarios y cumplimiento de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi sobre el pago de los salarios de los trabajadores.

Así mismo, que se convoque a Alejandro Vela, director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), para que responda sobre los motivos y el sustento legal en que respaldó su solicitud de medida cautelar, presentada en octubre de 2020, para el desalojo de los trabajadores de Explocen.

También, al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, a fin de que explique la razón por la cual se desplegó un cerco policial en los alrededores de la empresa Explocen, el 25 de diciembre de 2020.

Criterio jurídico

En el tercer punto de orden del día, la Comisión de Fiscalización resolvió solicitar un pronunciamiento de la Coordinación de Asesoría Jurídica de la Asamblea, en el menor tiempo posible, acerca del oficio remitido por los asambleístas Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza, de fecha 24 de febrero de 2021, por el cual solicitan que el Presidente del organismo dé paso al tratamiento del juicio político en contra del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos.

La Comisión, en la moción propuesta por Elio Peña, consideró el último inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que dispone: “Si durante el proceso de sustanciación de un juicio político, el Consejo de Administración Legislativa remitiera una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso al interior de la Comisión”, causa confusión porque se puede asumir que se trata de una nueva solicitud en contra del mismo funcionario contemplado en el proceso en curso o si se trata de una nueva solicitud totalmente distinta.

EG/cz

 

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