En el marco de la socialización de las reformas al proyecto de Ley de Defensa al Consumidor, la mesa de Desarrollo Económico recibió en comisión general al superintendente de Control del Poder de Mercado, Danilo Silva, quien indicó que la normativa será un instrumento que dará la tutela efectiva para proteger a los consumidores, quienes se encuentran en condición de desigualdad.
Así mismo, señaló que el Estado está obligado a proteger y sancionar a quienes atenten contra esos derechos. Remarcó que es fundamental que exista protección y mecanismos para evitar la vulneración de los consumidores. También sostuvo que el Estado deberá garantizar la transparencia de los mercados, promover la eficiencia de estos y evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio.
La Comisión recibió, además, a la académica Patricia Alvear, quien hizo un recorrido cronológico a la Ley de Defensa del Consumidor y dio varias sugerencias que se podrían incorporar en la normativa como los términos de contrato de consumo, relación y vínculo de consumo, consumidor hipervulnerable y cláusulas abusivas.
Señaló que falta delimitar lo que es publicidad agresiva, subliminal y publicidad encubierta. Dijo, además, que debe regularse claramente la responsabilidad por defecto de fábrica de diseño y defecto de información. También debería incluirse reglas de interpretación contractual y obligación de reparar al consumidor.
Otra de las observaciones fue que se desarrolle un mecanismo procesal eficiente: acciones civiles o reparativas, administrativas y contravencionales (multas y sanciones punitivas) y penales (delitos contra los consumidores).
El presidente de la Comisión de Desarrollo, Esteban Albornoz, indicó que los aportes planteados serán acogidos en el informe para primer debate.
Reformas Ley Energía Eléctrica
En otro tema, la Comisión trató las reformas a la Ley de Energía Eléctrica. En ese sentido, la asambleísta Verónica Arias envió por escrito sus observaciones respecto al proyecto.
Arias solicitó no eliminar el último inciso del artículo 24 de la norma y argumentó que resulta desproporcional pues permite las actividades de generación, transmisión, distribución; y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica, y servicio de alumbrado público general entre empresas estatales de los Estados de la comunidad internacional.
De eliminarse este inciso provocaría que; por ejemplo, en caso de falta de capacidad de operación para la producción nacional de energía eléctrica, el Ecuador no pueda apoyarse en las empresas estatales de otros Estados. Obligando así a entregar estas actividades a empresas privadas.
Respecto al artículo 25, de las empresas privadas y de economía popular y solidaria, remarcó que este artículo busca eliminar requisitos y condiciones para que el Estado ecuatoriano delegue con mayor facilidad a empresas privadas la participación en las actividades en el sector eléctrico.
En este sentido se pretende eliminar dos requisitos fundamentales que previamente consten en la planificación del Estado, es decir en el Plan Maestro de Electricidad; y realización de un proceso público de selección que permita escoger la empresa que desarrolle el proyecto en las condiciones más favorables a los intereses nacionales.
Ministerio de Energía
El ministro de Energía, René Ortiz, también envió observaciones al proyecto. De manera general señala que el Operador Nacional de Electricidad, Cenace, deberá aplicar un marco normativo diferente, con la implementación de nuevos conceptos de mercado en el proceso de integración eléctrica regional con una fuerte vinculación operativa y financiera en las transacciones internacionales de los mercados.
Por tal motivo, se propone la transformación de Cenace a una empresa pública que conllevará a que la entidad no sea considerada en la programación fiscal efectuada del Presupuesto General del Estado, debido a que se financiará por los ingresos que se generen por la prestación de servicios (...).
El presidente de la Comisión aprovechó para compartir con los asambleístas de la mesa las respuestas que envió el Ministro de Energía sobre la comparecencia que mantuvo el pasado 27 de enero de 2020, ante la Comisión. Sin embargo, dijo que no se han solventado las inquietudes porque las respuestas no son técnicas, poco o nada argumentadas, cronogramas confusos y varias contradicciones.
El asambleísta Fernando Callejas indicó que esa contestación no era la esperada por la Comisión, por lo tanto, solicitó que se conteste de alguna manera mostrando la insatisfacción de la mesa. A esta petición se sumaron las legisladoras Carmen Rivadeneira y Doris Soliz, quienes pidieron esclarecer las respuestas confusas enviadas por el secretario de Estado para continuar con el proceso de control y fiscalización político.
Reformas Ley de Empresas Públicas
Los comisionados también trataron las reformas a la Ley de Empresas Públicas, proyecto enviado por el Ejecutivo. Esteban Albornoz informó que la matriz con los puntos relevantes ha sido enviada a los legisladores y a los equipos técnicos, en tanto, ya se podría elaborar el informe para primer debate.
Deudas banca pública
Un tema adicional que analizaron los legisladores fue proyecto de Ley para Otorgar Facilidades de Pago a Todas las Personas Naturales y Jurídicas que Mantengan Obligaciones con el Banco Nacional de Fomento en Liquidación y que producto de la pandemia COVID-19 necesiten ser reestructuradas. Los asambleístas para la próxima reunión citarán a autoridades de la entidad y representantes de organizaciones sociales.
SV/cz
