Expertos en Derecho Laboral como Angélica Porras, Richard González y Carlos Vallejo, cuestionaron la parcialización del ministro de Trabajo, Andrés Isch, en el trámite de conflictos colectivos y, a la vez, dijeron que su actuación generó inseguridad jurídica, tanto en los empleadores, cuanto en los trabajadores. Estas afirmaciones fueron expuestas ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del titular de Trabajo.
Como parte de las pruebas de oficio pedidas por las asambleístas interpelantes Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, Angélica Porras explicó que el ministro Isch es responsable, tanto por acción, cuanto por omisión, sobre todo respecto del conflicto colectivo de la empresa Explocen C.A., donde los trabajadores se encuentran en huelga por más de ocho meses, sin que hayan tenido el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, como corresponde, de conformidad con la Ley. “En todo momento, el ministro ha estado de lado de los empleadores”, añadió.
Por su parte, Richard González sostuvo que en muchas de las etapas del proceso administrativo que derivó en la huelgas de los trabajadores de Explocen, el Ministerio de Trabajo mantuvo un silencio muy sospechoso, tampoco se ha convocado al Tribunal de Arbitraje, con lo cual se permitiría que la reclamación de los trabajadores no sea atendida y pase como cosa juzgada, en perjuicio de los intereses de los obreros.
Mientras, el experto Carlos Vallejo consideró que hubo una inacción por parte del Ministerio de Trabajo, lo cual permitió que se aplique de manera errónea y mañosa, en algunas empresas, la causal de terminación de la relación laboral por caso fortuito y fuerza mayor, ya que muchos empleadores inescrupulosos apelaron a esta causal para despedir, ilegalmente, a los trabajadores más antiguos, mujeres embarazadas o en período de maternidad, así como a personas con discapacidad, librándose así del pago de las indemnizaciones que manda la ley.
De su lado, Cristóbal Buendía indicó que el Ministro Isch actuó de manera regresiva y contraria a la Constitución, al congelar el salario para el año 2021, considerando como único parámetro que justifique su decisión, el índice inflacionario proyectado, según el Ministerio de Finanzas, que no es precisamente el ente técnico para dar las cifras de la inflación. Con ello, se dejó de lado la obligación legal de buscar la progresividad en la remuneración, que el salario cubra al menos las necesidades del trabajador y las de su familia y que el salario básico tenderá a ser equivalente al costo de la canasta básica familiar, que para 2021 está en 712.11 dólares.
Para José Álvarez, nunca antes se había tenido una ausencia del Ministerio de Trabajo ni una actuación tan sesgada a favor de los intereses de los empleadores. ¿Cómo es posible que un Ministro se permita hacer una interpretación del alcance de la figura del caso fortuito o fuerza mayor, cuando la Asamblea en la Ley de Apoyo Humanitario ya determinó cómo debe entenderse esta causa? Lo único que quiso el ministro fue facilitar a las empresas para que puedan despedir trabajadores, obligándolos a firmar sus renuncias, aseveró.
Pablo Ruiz Segarra, coordinador del Observatorio de la Ley de Discapacidades, Salud, Pública, Trabajo y Derechos Humanos, aseguró que por varias ocasiones acudieron al Ministerio de Trabajo para solicitar información acerca de la inserción laboral de personas con discapacidad y el cumplimiento del 5 % determinado en la ley. “El Ministerio nos puso infinidad de trabas y, solo cuando supo del juicio político, nos entregó una información sesgada e incompleta”, afirmó.
Lamentó que durante la pandemia el Ministerio de Trabajo hay permitido la desvinculación de trabajadores, sobre todo de los sectores más vulnerables, como personas con discapacidad y que no se entienda que el rol de esta Secretaría de Estado es garantizar el empleo digno para todos los ecuatorianos. “En Ecuador no vivimos un estado de Derecho y Justicia Social”, enfatizó.
Elio Peña, titular de la mesa, agradeció por las intervenciones de los expertos en materia laboral y el representante del Observatorio de la Ley de Discapacidades, ya que esas afirmaciones servirán como elementos de juicio para analizar la responsabilidad del ministro de Trabajo y, en consecuencia, elaborar el respectivo informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea.
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