Un equipo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), explicó ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores sobre el proyecto de Fortalecimiento y Protección Social frente al Desempleo en el Ecuador ocasionado por la pandemia del COVID-19.
Su objetivo es el fortalecimiento de la actual institucionalidad, dentro del sistema de protección social, en el evento de pérdida de empleo en Ecuador, que permita mitigar los efectos negativos que las crisis generan en los ingresos de los trabajadores, formales e informales, y así evitar posibles caídas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
La presidenta de la Comisión, Karina Arteaga, subrayó que el problema del seguro de desempleo ha sido una necesidad prioritaria y recurrente de quienes perdieron su trabajo, sobre todo, en épocas de pandemia.
Los funcionarios mencionaron que, desde diciembre de 2020, la OIT trabaja con el Ecuador en la implementación de este proyecto que fue identificado y postulado por parte del IESS, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas, con la guía y acompañamiento de la OIT.
Informaron que dentro del proyecto han esbozado tres componentes. Fortalecimiento del seguro de desempleo que implica llevar a cabo una evaluación del estado actual y posibles reformas al mismo, y acciones que permitan una coordinación interinstitucional y de vinculación con las políticas activas laborales.
Protección contra la pérdida de empleo para los trabajadores independientes o informales, desde las perspectivas contributiva y/o no contributiva, que tenga características contra cíclicas y de protección a los grupos más vulnerables en el mercado laboral. Finalmente, diálogo social para promover una política participativa y buscar la sostenibilidad de las decisiones.
El proyecto se encuentra enmarcado en una iniciativa mundial de fortalecimiento de la protección social y las finanzas públicas, que ha tomado especial importancia dados los efectos de la crisis económica y social derivada de la pandemia COVID-19.
Pablo Casali, experto en normas laborales y seguridad social de la OIT, precisó que trabajan en el proyecto para fortalecer el sistema de protección social en término de su gobernanza, cobertura, suficiencia y sostenibilidad, encaminado a fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales vinculadas a la protección social.
La experta Ana Cristina Avilés subrayó que la mayoría de población empleada en Ecuador no cuenta con un mecanismo de protección de sus ingresos, ante la pérdida del empleo, y que las personas en condición de desempleo no reciben asistencia para la reincorporación al mercado de trabajo o apoyo ante la pérdida de capacidades. Detalló que las principales características del seguro de desempleo en Ecuador son el financiamiento, la cobertura legal, tasa de sustitución y requisitos de acceso.
Mientras que María Laura Fino, especialista en normas internacionales, hizo un llamado a la adopción de medidas necesarias para ratificación del Convenio de Desempleo en Ecuador, tras mencionar que la normativa sobre la seguridad social esta en rigor.
En Ecuador no se trata de seguro de desempleo, sino de despido, dijo por su parte la asambleísta Samia Tacle. Aseguró que en el país no todas las personas con relación de dependencia acceden al seguro de desempleo.
Proyectos que regulan el empleo
En otro tema, la Comisión inició el tratamiento de tres proyectos relacionados con la regulación del empleo y la defensa de los derechos laborales. El proyecto de Ley de Reformas al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Servicio Público para la Defensa y la Garantía de los Derechos Individuales y Colectivos de los Trabajadores está orientado a establecer equidad, equilibrio y respeto al núcleo fundamental de los derechos individuales y colectivos.
La asambleísta Karina Arteaga, su proponente, explicó que la propuesta busca que quienes tengan un encargo o subrogación ganen la misma remuneración del puesto que corresponda. Esta disposición se aplicará a trabajadores del sector privado y público regulados por el Código del Trabajo.
El segundo proyecto abordado fue la Interpretativa del Artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2, del asambleísta Homero Castanier. La propuesta de Ley tiene por objetivo reconocer que, desde enero de 2011 hasta diciembre de 2021, los servidores públicos que no han recibido una indemnización por supresión de partidas, renuncia o retiro voluntario para acogerse a la jubilación, tienen derecho a recibirlo.
Por último, las reformas al Código del Trabajo y Ley de Registro Único de Contribuyentes, de iniciativa de la asambleísta Gabriela Larreátegui, determina que el Estado tendrá la obligación de promover el trabajo de las personas adultas mayores bajo principios de igualdad y no discriminación, lo que incluye el empleo formal, autoempleo y empleo doméstico.
También incluye un capítulo sobre el trabajo a través de plataformas digitales, protección de datos de los trabajadores y sistemas de información y resguardo, así como las sanciones por el descuido de la protección de datos personales.
Tras conocer los proyectos en mención, la presidenta de la Comisión, Karina Arteaga Muñoz, clausuró la sesión.
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