La Comisión de Derechos Colectivos lleva adelante un proceso de fiscalización sobre la situación que atraviesan los Centros de Privación de Libertad del Sistema de Rehabilitación Social a nivel nacional. Daniel Gallegos, secretario técnico jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador, afirmó que este organismo constató que la crisis carcelaria responde a las deficiencias estructurales que se agravan diariamente.
Indicó que la crisis carcelaria no responde a una situación inesperada, sino que se va tejiendo lentamente y tiene que ver con el hacinamineto; así como, las denuncias de corrupción de las personas que trabajan en estos centros.
Dado que esta crisis termina siendo la nueva normalidad de las cárceles, los estados de excepción no sirven para controlarlo, porque son mecanismos extraordinarios que de manera urgente permiten enfrentar una cuestión que es intempestiva, por tanto, la Corte ordenó al Presidente de la República emitir un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar dicha crisis mediante un régimen constitucional ordinario, precisó Daniel Gallegos.
Ante estos hechos y luego de haber recibido el plan de acción y el informe de lo sucedido el 23 y 24 de febrero de 2021, la Corte Cosntitucional resolvió este 3 de marzo iniciar la fase de seguimiento del dictamen, tomando en cuenta que esta tragedia causó una alarma social que hizo evidente la grave crisis que enfrenta el sistema carcelario.
Daniel Gallegos enfatizó que estos hechos pudieron haberse evitado y son producto de las fallas estructurales que presenta el Sistema de Rehabilitación Social. Dijo que la Corte condenó que las medidas extraordinarias que fueron adoptadas por el Ejecutivo en aplicación del estado de excepción hayan hecho poco o nada para evitar lo sucedido y tampoco mostró resultados tangibles.
Así mismo, Gallegos dijo que la Corte Constitucional ordenó al órgano técnico (SNAI) que se reúna, de manera inmediata y permanente, para que inice el proceso de diseño de la política pública que debe contener enfoque de derechos, ser participativa y con implementación multiagencial, porque una crisis de esta magnitud no puede ser afrontada únicamente por lo órganos de la Función Ejecutiva. La Función Judicial y Legislativa sobre todo están llamadas a considerar su rol en el manejo de esta crisis y la solución de estos problemas estructurales que enfrenta, agregó.
Igualmente, señaló que la Corte Consntitucional demandó a las autoridades de todas las funciones de Estado, la realización de una exhaustiva investigación de los hechos ocurridos el 23 y 24 de febrero y que se conduzca la determinación de responsabilidades civiles, penales, administrativas por los actos y omisiones que hayan ocasionado estos hechos.
Nueva comparecencia
A la Comisión de Derechos Colectivos debían comparecer el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, el comandante General de la Policía, Patricio Carrillo, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Edmundo Gallegos, quienes se excusaron de asistir a esta reunión, en virtud de que están convocados por el presidente de la República, a la Vigésima Octava Sesión Ordinaria de Consejo de Seguridad Pública y del Estado, a realizarse hoy.
La Comisión resolvió convocarlos, por segunda ocasión, para la próxima semana. La asambleísta Ximena Chactong, dijo que si bien las autoridades acudieron al Pleno de la Asamblea Nacional, existen varias dudas que deben responder.
JLVN/cz
