Andrés Isch Pérez, ministro de Trabajo, aseguró que, pese a la crisis sanitaria, que fracturó el tejido productivo y derivó en desvinculaciones laborales, su gestión permitió la recuperación del empleo adecuado en el país. En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, el secretario de Estado presentó las pruebas de descargo, dentro de la sustanciación del juicio político planteado en su contra por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga.
En la sesión virtual 45 de la mesa, el ministro de Trabajo explicó que en todo momento su gestión se ha orientado a preservar el empleo y a crear nuevas plazas de trabajo, a través de nuevos contratos por giro de negocio, contratos de empleo productivo, empleo joven, contratos de formación y contratos turísticos.
Se refirió una por una a las causales de juicio propuestas por las asambleístas interpelantes. Sobre el supuesto incumplimiento de funciones al no permitir el acceso a la información solicitada por el Observatorio de la Ley de Discapacidad, el ministro dijo que lo que hizo fue proteger la información personal y personalísima, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la Ley, pues sí entregaron la información que es pública, como planes operativos, el número total de personas con discapacidad insertos en el sector laboral en el país y el número de inspecciones realizadas entre 2018 y 2020.
Acerca de la falta de protección a las personas en condición de vulnerabilidad, subrayó que la Ley Humanitaria creó garantías para todos los sectores. Sin embargo, uno de los ámbitos en los que no pudieron preservar sus derechos fue el de las personas con discapacidad y se emitió un Acuerdo Ministerial que garantizó los derechos de este segmento laboral para que puedan acogerse a la reducción emergente de la jornada laboral, sin que se afecte su remuneración, lo cual permitió que la curva de pérdida de empleo en este sector se estabilice y no haya más desvinculaciones.
En torno a una presunta arrogación de funciones al interpretar el artículo 20 de la Ley Humanitaria, el ministro Isch aseveró que no se ha regulado ni interpretado la norma relacionada con la aplicación de la causal de fuerza mayor o caso fortuito. Se reguló la contratación con reducción emergente de la jornada laboral, lo cual permitió que, a partir de junio de 2020, disminuya la terminación de contratos por la causal de fuerza mayor.
Andrés Isch, al referirse a la fijación del salario básico unificado para el 2021, dijo que tomó la decisión de mantenerlo en 400 dólares sobre la base de la proyección de la inflación para el 2020, que fue negativa y, es más, mediante Acuerdo Ministerial, dispuso la prohibición de disminuir el salario básico, aún en el caso de que existe inflación negativa y, a la vez, para 2021 determinó la entrega de un bono de 60 dólares para quienes menos ganan, valor que supera a un posible incremento del salario básico, en beneficio directo de los trabajadores.
Sobre el conflicto colectivo de Explocen C.A., el Ministro de Trabajo indicó que se trata de un caso que inició en 2018 y que fue tramitado por los órganos competentes, que son los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, de primera y segunda instancia. Pese a que al Ministro no le corresponde actuar, sí propuso mecanismos de diálogo para alcanzar acuerdos; se exhortó a las autoridades de Explocen para que se reintegre a los trabajadores que fueron despedidos bajo la figura de caso fortuito y los cinco trabajadores regresaron a sus funciones, añadió.
En lo relacionado con el supuesto registro tardío de la inhabilidad de la exministra María Paula Romo para ejercer cargo público, tras la censura y destitución dispuesta por la Asamblea, el Secretario de Estado afirmó que se registró ese impedimento el 22 de diciembre de 2020, tres horas después de haber recibido la respectiva notificación, pues no podía hacerlo antes si es que no contaba con el respaldo de los documentos que justifiquen esa actuación de carácter administrativo.
Al cierre de su intervención, Isch expuso varios logros de su gestión, entre ellos, que el empleo adecuado haya alcanzado el 30,8 % a diciembre de 2020, cuando en junio de ese año, la época más dura de la pandemia, se ubicó en el 16.7 %; el subempleo bajó del 34.5 % a junio de 2020 al 22,7 % para diciembre. Así mismo, el desempleo se redujo del 13,3 % en junio, al 5 % para finales de 2020.
Igualmente, en materia de teletrabajo, manifestó que actualmente son 286 401 funcionarios públicos que laboran en esta modalidad, así como 162 500 ciudadanos en el sector privado.
Para solucionar uno de los problemas estructurales del país, relacionado con la desigualdad de las mujeres en el ámbito laboral, con un promedio de 15 % menos de la remuneración respecto de los hombres, el Ministro de Trabajo anunció que enviará a la Asamblea el proyecto de Ley de Economía Violeta, que propone una serie de incentivos tributarios y de otra índole para los empleadores que contraten mujeres en sus empresas.
Los asambleístas Marcela Holguín, solicitante del juicio político; Jaime Olivo; y, Esteban Melo, formularon al funcionario repreguntas, a fin de aclarar algunos de los temas tratados en su intervención, hecho que incidió en que la sesión se prolongue por más de cuatro horas.
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