A propósito del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Justicia, presidida por el asambleísta José Serrano, en la sesión 151, intensificó el análisis del proyecto de reformas en materia penal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y sancionar la violencia sexual digital. Para tal efecto, escuchó los puntos de vista de la Cancillería, Arcotel y de una experta italiana.
En primer lugar, Verónica Aguilar, de la Cancillería, explicó que la posibilidad de que Ecuador se adhiera al Convenio de Budapest contra la ciberdelincuencia o delitos informáticos pasa por la invitación del Consejo de Europa y de los países que forman parte del mismo, cuyos procedimientos son distintos a los que se manejan con los tratados de Naciones Unidas.
En todo caso, se han establecido varios contactos y existe información específica sobre los cambios a la reglamentación interna y a la legislación que tendría que implementar nuestro país para lograr este objetivo, precisó.
En este contexto, el presidente Serrano anunció que se insistirá en la comparecencia del Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que presente una hoja de ruta sobre los plazos, tiempos y requerimientos para que Ecuador se integre al Convenio de Budapest.
En tanto, el legislador Héctor Muñoz planteó que la Cancillería designe un funcionario permanente para trabajar de manera conjunta, justamente, en las reformas legales indispensables para que el país se incorpore a dicho instrumento internacional.
Abuso o acoso en línea
Paulina Murillo, Ana Jácome y Paulina Zhunio, de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), describieron que el 23 % de la mujeres han sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez su vida; es mayor el impacto de las prácticas de violencia digital cuando están dirigidas a niñas y adolescentes; 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia en línea desde los 15 años de edad.
Enfatizaron que el 25 % de las mujeres que fueron objeto de violencia en las TIC han reducido su presencia en línea, generando una causa de aumento de la brecha digital, además de depresión, suicidios, aislamiento.
Plantearon que en las reformas al COIP se fijen las normas sobre hostigamiento y acoso de forma sistemática, insistente y reiterada, tras invocar a sumar voluntades para garantizar un internet seguro.
A su vez, Silvia Semezin, italiana, experta en difusión sin consentimiento de material íntimo, investigadora universitaria en temáticas de violencia de género de la Universidad Complutense de Madrid, mencionó que la proliferación de tecnologías digitales y el uso creciente de redes sociales otorga nuevos medios para reforzar formas de violencia ya existentes.
Indicó que en Europa, 9 millones de mujeres han sufrido de agún tipo de abuso online desde que tenían 15 años; en el mundo, las mujeres están expuestas 27 veces más que los hombres al acoso en la red.
Puntualizó que la violencia digital en contra de las mujeres tiene distintos tipos, no solo la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas, sino también el lenguaje de odio sexista, insultos, ofensas, amenazas, ciberacoso, robo de datos personales y la extorsión. Es clave asegurar que las leyes estén orientadas a tutelar y proteger a las víctimas, dijo, al sugerir que la difusión de información sin consentimiento sea considerada como delito de género pues viola la privacidad y destruye la vida de personas.
Comercio ilícito
En otra parte de la sesión, la mesa de Justicia receptó los criterios de Sasha Mandakovik, experto en Propiedad Intelectual; y de miembros de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo (Unidard) de la Policía, sobre el Proyecto de Ley Organica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electronico.
Mandakovil, socio del Estudio Falconí Puig, opinó que debe existir responsabilidad penal para la violación de derechos de propiedad intelectual, al igual que privación de libertad ya que no es suficiente la responsabilidad civil y solo multas, tomando en cuenta que se trata de delitos dañosos.
De su lado, Joan Luna, jefe de la Unidard, aseguró que la violación de la propiedad intelectual forma parte de los delitos conexos al contrabando, por lo que no se puede quedar solo en las multas, pues se trata, entre otros aspectos, de falsificación de marcas.
Se mostró partidario que la reincidencia en la violación de propiedad intelectual o falsificación de marca sea sancionada con pena privativa de la libertad, considerando que de por medio están delitos de salud pública.
Edwin Salguero, también de la Unidard, señaló que para la prevención de delitos contra el régimen aduanero existen tres ejes: preventivo, investigativo y de inteligencia. Habló de permitir a la Policía que intervenga en zonas aduaneras para trabajar en la prevención y erradicación de estos delitos y que es necesario definir con claridad las normas referentes al tratamiento que se da a las mercancías aprehendidas, entre ellas, los alimentos que son perecibles.
Inquietudes
El parlamentario Rodrigo Collaguazo discrepó con el hecho de tipificar como delito penal la violación de la propiedad intelectual y que más bien el tema se quede en la ámbito de la responsabilidad civil. Mientras, el legislador Héctor Muñoz señaló su inquietud respecto del procedimiento para proteger la propiedad intelectual sobre marcas registradas en el exterior, pero que no están inscritas en Ecuador.
Por último, José Serrano Salgado aseveró que es importante trabajar de manera articulada en todos los temas relacionados con seguridad ciudadana. El comercio ilícito está vinculado al narcotráfico y otros delitos graves, de ahí que no se puede tratar de manera aislada, subrayó.
MG/cz
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