La Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Elio Peña Ontaneda, con el voto unánime de los ocho asambleístas presentes decidió remitir el expediente para la contratación de pólizas de seguros para Petroecuador a la Fiscalía y a la Contraloría, a fin de que establezcan las posibles responsabilidades civiles, administrativas y penales, de las autoridades inmersas en el proceso. Además, el organismo recomienda el inicio de un juicio político en contra de René Ortiz Durán, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, ante un evidente incumplimiento de funciones.
Según los miembros de la mesa, la Contratación de las Pólizas Seguro de Todo Riesgo Petrolero, Responsabilidad Civil Marítima y Responsabilidad Civil no Marítima de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, Petroecuador, presenta irregularidades en las etapas preparatoria, precontractual, contractual y de ejecución. De allí la necesidad de que las autoridades de control, incluida la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, evalúen el cumplimiento de las disposiciones legales y si existen responsabilidades civiles, administrativas y penales de parte de quienes participaron de este proceso.
El texto resolutivo recomienda impulsar el inicio del trámite de juicio político en contra del ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz Durán, ante los evidentes incumplimientos en el ejercicio de sus funciones de rectoría de las políticas públicas en el ámbito de sus competencias.
Intendente de Seguros
Mientras, en la comparecencia de hoy, Jorge Enrique Lince Manrique, intendente Nacional de Seguros, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, subrayó que la extensión de cobertura de un contrato de seguros sí es posible, de acuerdo con la legislación vigente, siempre y cuando este mecanismo conste en una cláusula específica en el respectivo contrato.
Explicó que para elaborar un contrato en esta materia se requiere del cumplimiento de algunos aspectos técnicos, tanto en lo jurídico, cuanto en lo financiero. En el primer caso, es complicado establecer una cobertura con carácter retroactivo, ya que la materia del seguro es el riesgo, que se entiende como un acto o hecho que podría producirse a futuro, por consiguiente, no se puede cubrir con la póliza contratada riesgos o sucesos anteriores a la suscripción del contrato.
Desde el punto de vista financiero, se entiende que el contrato de seguros se perfecciona con el pago de la prima, con lo cual se crea un fondo denominado de reserva de riesgo, lo cual sería imposible cumplir en un contrato con efecto retroactivo.
Sin embargo, tratándose de una extensión de la póliza vigente, cuando esta posibilidad esté estipulada en el propio contrato, dicha extensión puede ser por un tiempo específico de 90 a 120 días, período en el cual las partes pueden establecer un nuevo convenio o, en su defecto, el cliente puede proceder a una nueva contratación con otra empresa.
El intendente de Seguros indicó que entre sus funciones no está el pronunciarse sobre las extensiones de plazo de los contratos, sino el verificar que los procesos contractuales se desarrollen de conformidad con la ley, puesto que aspectos como la extensión de cobertura responden exclusivamente a una acuerdo entre las partes.
Mientras, Ricardo Xavier Merino Avendaño, exgerente de Petroecuador EP, no concurrió a la Comisión, tampoco envió excusa alguna, razón por la cual la asambleísta solicitante, Mercedes Serrano, propuso la resolución que dio paso al envío del expediente a los organismos de control y el inicio de un juicio político contra el Ministro de Energía y Recursos no Renovables.
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