La Comisión de Gobiernos Autónomos sesionó este miércoles, 10 de marzo, en la que continuó el análisis de la matriz del articulado de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social. Previamente, el presidente de la mesa, Héctor Yépez Martínez, condenó la agresión que se registró ayer en Quito, en el marco de la movilización de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), que solicitaban al Gobierno Nacional la transferencia de rubros pendientes a los gobiernos seccionales.
Similar criterio mostraron los legisladores Diego García, Byron Suquilanda y Mónica Alemán, quienes expresaron su solidaridad con los alcaldes del país. Agregaron que los datos emitidos por el Gobierno Nacional sobre la deuda que mantiene con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), no son los reales.
De esta manera, la asambleísta Alemán mocionó que se convoque ante el Pleno de la Asamblea Nacional a los ministros de Gobierno y de Economía y Finanzas, a fin de que expliquen las acciones en la movilización de los alcaldes y la deuda con los GAD. La moción fue aprobada por unanimidad.
Tratamiento del proyecto de ley
Sobre la base de la matriz elaborada por el equipo asesor, los legisladores analizaron las observaciones y aportes a la Ley de Vivienda de Interés Social. El tratamiento inició desde el artículo 9, referido a la Garantía de Vivienda Adecuada y Digna. La observación sobre este articulado se basó en una posible confusión conceptual ya que se desarrolló en función de los postulados planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), referente a vivienda.
Además se plantea eliminar el término “lote mínimo”, así como las competencias del ente rector que sería el Ministerio de Vivienda (Miduvi); sin embargo, según el Código de Ordenamiento Territorial (Cootad), se establece que las funciones de los GAD son las del uso del suelo y urbanismo, siendo este ente el encargado de la determinación de las condiciones de urbanización.
Sobre este tema, que recibió observaciones del Miduvi, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre y el GAD Municipal de Cuenca, la asambleísta Wilma Andrade agregó que el texto debe estar claro, específicamente en lo referido a la tenencia de terrenos y posesión de los mismos. Hay que dar seguridad jurídica y no afectar el derecho a la propiedad de terceros, señaló la comisionada.
Para el legislador Diego García se debe hacer una diferencia en los conceptos de propiedad horizontal, así como en el caso de tierras comunales donde se construyan los proyectos de vivienda de interés social.
En otro orden, la mesa prosiguió con el análisis del capítulo IV sobre los incentivos para la vivienda social. En este ámbito, conocieron sobre el apoyo y desarrollo de programas de vivienda social. El asambleísta Raúl Auquilla dijo que el texto debe estar claro sobre todo cuando se refiere a la regulación que los GAD puedan tener en el desarrollo de proyectos de vivienda. Enfatizó que los montos y valores sean planteados en función de estudios técnicos, avalúos y catastros.
A este criterio se sumó lo dicho por la parlamentaria Andrade, que sugirió determinar el valor del subsidio y que este podría ser calculado a partir de un porcentaje del valor total del bien a adquirir. Se debe realizar la consulta sobre este tema para evitar un posible veto por parte del Ejecutivo, dijo.
Finalmente, los legisladores trataron los artículos referidos a suelo para programas de vivienda, apoyo y desarrollo de programas, valoración de suelos destinados a viviendas de interés social, destinos permitidos del suelo para vivienda de interés social, valoración de suelos, destinos permitidos del suelo; así como, subsidios para vivienda y requisitos.
EA/cz
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