La Comisión de Justicia, en la sesión 153, escuchó las opiniones de David Norero y Alejandra Cárdenas, expertos en derechos humanos, sobre el proyecto en materia penal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y para sancionar la violencia sexual digital. Los profesionales coincidieron en la necesidad de la debida diligencia y que exista personal calificado para investigaciones en temas digitales.
El asambleísta José Serrano, presidente de la mesa, anunció que el informe de primer debate estaría listo la siguiente semana, en el afán de implementar una lucha frontal e institucional contra los delitos informáticos que afectan especialmente a las mujeres. Es fundamental contar con un marco regulatorio y políticas públicas claras para enfrentar a este nuevo cáncer de la sociedad, enfatizó.
David Norero Calvo, especialista en Derechos Humanos y Garantías Jurisdiccionales, manifestó que es positiva la iniciativa para dar respuesta a problemas que surgen con la tecnología, por lo que se requere analizar la tramitología, el procedimiento, las causales procesales al respecto.
Consideró que el delito de extorsión entra en un caso contra la propiedad, de hechos flagrantes de afectación a la mujer y su imagen, por lo que no podría ser susceptible de una suspensión condicional de la pena o que se aplique una medida alternativa. Además, habló de establecer un acompañamiento de personas que tengan conocimiento en este tipo de investigaciones de tecnología, dentro la conexión con facebook, twitter y demás redes sociales.
Planteó que la persona que transgreda esto, a través de la mala utilización de medios digitales, sienta la imposición de una sanción a su libertad y que no pueda usar estas herramientas durante un tiempo hasta que demuestre que pudo ser rehabilitada y que tomó conciencia de que lo que hizo es incorrecto.
En tanto, Alejandra Cárdenas Reyes, magister en Derechos Humanos y docente investigadora, docente en Derecho Contitucional y Género, aseveró que el proyecto en debate abonará en la materialización de la dignidad de la mujer, en lograr un espacio libre de violencia, en el marco del respeto a los derechos humanos.
Sugirió que la normativa se encuadre en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), cuyas obligaciones constituyen compromisos de los Estados. Entre las obligaciones está el criterio de “debida diligencia”, que va más allá de una denuncia estrictamente formal, pues dota de las herramientas requeridas para la investigación, a fin de que los hechos no queden en la impunidad, subrayó.
Expuso que el campo digital se ha convertido en un entorno de violencia de género, situación que debe ser considerada por el Estado para evitar la violencia en el ámbito de las nuevas tecnologías.
El legislador Héctor Muñoz preguntó si la actual institucionalidad es suficiente para prevenir estos nuevos delitos. Al respecto, Alejandra Cardenas opinó que el país cuenta con una legislación importante, pero falta complementar con un proceso de sensibilización y educación de los riesgos del internet y los entornos digitales.
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