La Comisión de Desarrollo Económico continuó con el tratamiento del proyecto de Ley para Otorgar Facilidades de Pago a Todas las Personas Naturales y Jurídicas que Mantengan Obligaciones con el Banco Nacional de Fomento en Liquidación (BNFL) y que Producto de la Pandemia COVID-19 necesiten ser reestructuradas.
Darío Villagómez, liquidador del Banco Nacional de Fomento, informó que la institución financiera en liquidación tiene 55 358 deudores, 38 144 operaciones originales y 17 214 reestructuradas. Indicó que la mayoría de estas personas son pequeños y medianos productores agrícolas, conscientes que deben cumplir con sus obligaciones; sin embargo, la crisis provocada por la pandemia les ha impedido.
Beneficios del proyecto
Para Villagómez los beneficios del proyecto se enmarcarían en la remisión de interés, interés por mora, costas judiciales, y otro tipo de recargos con el pago del 1 % del saldo de capital; reestructuración de la deuda a un plazo de seis años, con una tasa del 5 % y archivo del proceso coactivo; y descuentos de 2 mil dólares para clientes que hayan perdido su empleo durante la emergencia sanitaria.
Entre otros beneficios estarían condonación del 50 % de la deuda para clientes de la tercera edad, suspensión de procesos coactivos y juicios de insolvencia o quiebra, extinción de deuda por muerte de uno los dos cónyuges o convivientes en unión de hecho o parientes, entre otros.
Pedidos
La mesa también recibió a Fausto Álvarez, presidente de la Cámara de Agricultores Zona 5, quien indicó que los deudores quieren honrar sus deudas; sin embargo, la actual situación económica les impide, por lo tanto, pidió buscar mecanismos para que mientras se apruebe ley el BNFL no aplique coactivas. Así también, solicitó que no se consideren el buró de crédito para que puedan acceder a nuevos préstamos y así reactivar su economía.
Edgardo Moreira, presidente de la Asociación de Ganaderos (Asogan), solicitó la extinción total de la deuda. Así mismo hizo un recuento de las dificultades que enfrentan los ganaderos y agricultores debido a la pandemia y la inclemencia del clima. Sostuvo que es necesario acceder a nuevas líneas de crédito para lo cual se les debería permitir salir de la central de riesgos.
Debate
El asambleísta Fernando Burbano defendió a los pequeños productores y comerciantes del país. Puntualizó que no solo se trata de perdonar las deudas, sino implementar políticas públicas para el agro. Sugirió incluir una disposición transitoria para que se cree un fondo de contingencia con dos destinos: proveer el salvamento de los deudores y apalancar un seguro agrícola efectivo y eficiente.
De su parte, el asambleísta César Rohon indicó que la Comisión sí ha colaborado con el agro y citó como ejemplo la Ley de Fomento Productivo. Sin embargo, dejó claro que la Asamblea Nacional no tiene facultad para condonar deudas o liberar intereses, estas son facultades del Ejecutivo, dijo. Por lo tanto, necesitamos que envíe un proyecto económico urgente de remisión de interés para los agricultores que enfrentan una grave crisis ocasionada por la pandemia.
Lo que sí puede el Legislativo, señaló, es hacer una ley para la reestructuración de las deudas, limpiar el historial de agricultores y que sean sujetos de crédito. En su intervención hizo énfasis en que en el Ecuador no hay política agrícola.
La legisladora Carmen Rivadeneira pidió ampliar este proyecto de Ley a todas las personas naturales y jurídicas que mantengan obligaciones con la Corporación Financiera Nacional y BanEcuador, producto de factores exógenos y fitosanitarios sin solución técnica, heladas, terremotos, erupciones volcánicas, pandemia COVID-19, y emergencias agrícolas declaradas por eventos antrópicos, mediante el procedimiento de moratoria, reestructuración y extinción de las deudas.
La asambleísta proponente del proyecto, Tanlly Vera, solicitó ayuda para el sector productivo y rural del país mediante la aprobación de esta ley, indicó que no sería pertinente esperar un proyecto económico urgente por parte del Ejecutivo, puesto que no ha atendido al sector ganadero ni agrícola del país.
El parlamentario Rubén Bustamante requirió al liquidador del BNF explicación sobre la mecánica operativa para la aplicación de la ley, y el legislador Fernando Callejas pidió información sobre a cuánto asciende la deuda y cómo estaría distribuida.
Villagómez respondió a la primera interrogante e indicó que en un plazo de 90 días el beneficiario podrá realizar una petición por escrito, además, se plantea una etapa de sociabilización de la ley (contenido y beneficios) y una vez iniciada la solicitud se hará el trámite interno. En cuanto a la interrogante del legislador Callejas, el liquidador respondió que la deuda asciende a 400 millones de dólares, los mayores valores de pago se registran en Guayas, Manabí Esmeraldas y Pichincha.
SV/cz
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