En la Comisión de Derechos Colectivos, José Gabriel Martínez, actual ministro de Gobierno, indicó que el Mandatario al posesionarlo en este cargo le nombró también como presidente del Sistema de Rehabilitación Social, razón por la cual, el 16 de marzo, convocó a una sesión permanente y urgente, con autoridades de diferentes carteras para elaborar la propuesta de política de Estado, no de gobierno, para la rehabilitación integral de las personas privadas de la libertad.
Si bien el gobierno actual concluye en poco tiempo, lo que se espera es dejar sentadas las bases con insumos suficientes para que el nuevo gobierno plasme en la realidad esta política en la que se tome en cuenta, entre otros aspectos, la clasificación de personas privadas de libertad en máxima, media y mínima seguridad, añadió Martínez.
Dijo que el objetivo a corto plazo es fortalecer el control externo e interno entre las instituciones de seguridad y rehabilitación social. A mediano plazo, ejecutar inversiones tendientes a la reducción de brecha y déficit de los centros de privación de libertad; y, a largo plazo, determinar un diseño de implementación de mejoras y procesos sostenibles de rehabilitación.
El ministro de Gobierno expuso el marco normativo del Sistema de Rehabilitación Social y las responsabilidades de cada institución en este ámbito. Aclaró que la seguridad interna de las cárceles es responsabilidad del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, a cargo de SNAI; y la seguridad perimetral es competencia de la Policía Nacional. Indicó que en los centros carcelarios hay 38 693 personas, de ellos el 58 % está con sentencia y el 42 % está en proceso de sentencia en firme.
Además, mostró la cronología de los eventos suscitados el 23 y 24 de febrero de 2021, en las cárceles de Guayas, Azuay y Cotopaxi que dejaron 80 muertes violentas; así como, las acciones ejecutadas por las mesas de seguridad.
Luego de la intervención del ministro de Gobierno, la asambleísta Ximena Chactong señaló la necesidad de contar con inteligencia penitenciaria, a fin de fortalecer el sistema. Juan Lloret recordó que el país vive crisis carcelaria desde hace dos años y hasta el momento no hay respuestas o soluciones concretas. Mientras que, Carlos Cambala precisó que la crisis carcelaria es un problema social que afecta a la colectividad, de allí la importancia de concretar una política pública de Estado que ofrezca una verdadera rehabilitación, reeducación y reinserción a la sociedad a las personas privadas de libertad.
Seguidamente, Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional, recordó que, al retirarle competencias a esta institución se le restó la capacidad de hacer análisis estratégicos de la información de las bases de datos, aspecto importante para realizar anticipación estratégica sobre determinados hechos. Señaló que la responsabilidad del Cuerpo Penitenciario es garantizar el orden y cadena de custodia de las cárceles
Explicó que antes de hacer una investigación se necesita establecer una planificación, a fin de precautelar la integridad de las personas involucradas y a los agentes que participarán del operativo. Informó que 5000 personas integran la banda delincuencial de Los Choneros, varios de ellos detenidos, quienes se dedican a cometer delitos de secuestros, tráfico de armas, de drogas, etc. A ello se suma que tratan de intimidar a la justicia.
JLVN/cz
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