El Pleno de la Asamblea, en el curso de la sesión 697, recibió en comisión general a representantes de distintas organizaciones no gubernamentales, colectivos sociales, organismos internacionales y especialistas, quienes expusieron sus observaciones al proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que cuenta con informe favorable para segundo debate.
Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social, consideró que la normativa propuesta se enmarca en las disposiciones constitucionales que determinan, entre otros aspectos, la existencia de un sistema especializado de justicia para el adolescente infractor, define la violencia con mayor precisión de lo que consta en otras normas. En suma, es una ley protectora que garantiza los derechos de este importante sector de la población.
De su lado, Joaquín González Alemán, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Ecuador, calificó a este proyecto como un importante esfuerzo por contar con una norma que garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, es partidario de una profundización de los avances en esta materia; que se guarde concordancia con otras leyes conexas; y que se incluyan principios y recomendaciones que constan en convenios y acuerdos internacionales relacionados con los derechos de niñez y adolescencia.
Mientras, Bella Chara, en representación de los padres adoptivos, solicitó que el Código especifique tiempos razonables para la declaración de adoptabilidad de un menor, puesto que este proceso no puede durar, como ahora, hasta cuatro años, con lo cual se vulneran los derechos de los niños que tienen la necesidad de contar con una familia, al igual que en el caso del proceso de adaptación del niño al núcleo familiar.
Entre tanto, María Elena Maldonado, en su calidad de abogada, recordó que es necesario que se considere a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Pidió se incluya en el texto una visión desde los pueblos y nacionalidades, como también la consolidación de un sistema de especialidad y especificidad en la administración de justicia para la niñez y adolescencia.
Para Christian Paula, del Instituto de Igualdad de Género, es indispensable que este Código recoja los principios de diversidad sexo genérica, de manera que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a procedimientos ágiles y oportunos para el cambio de nombre ante las instancias administrativas del país.
Así mismo, María Poema Carrión, del Pacto por la Niñez y Adolescencia, subrayó que esta propuesta contiene avances significativos en materia de protección de derechos, con lo cual se corrigen los problemas existentes en el actual código, en concordancia con el mandato constitucional que establece como principio fundamental el interés superior del niño.
A criterio de Efigenia Witt, de la Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez del Ecuador (Cocasen), la plataforma que representa apoya la propuesta legal porque permite que los niños, niñas y adolescentes cuenten con un marco jurídico adecuado para el ejercicio pleno de sus derechos.
Luego intervinieron los adolescentes Claudia Riera y David Ojeda, quienes exigieron la aprobación del Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue producto de la participación de más de 17 mil niños, niñas y adolescentes, en todo el país. “Este es el momento para que acojan nuestras voces y se deje de tomar decisiones basadas en una visión adultocéntrica”, dijeron.
Indira Urgilés Encalada, abogada especializada en medidas de protección de niñez y adolescencia, aseguró que el texto propuesto no garantiza los derechos de los niños y niñas en condición de adoptabilidad, porque no se establecen los tiempos adecuados para que se proceda con la adopción, lo cual constituye una vulneración de derechos de este sector social.
Desde la visión de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Quito, Natasha Montero, exteriorizó varias preocupaciones relacionadas, por ejemplo, con la superposición de funciones entre entidades inmersas en la protección de menores, en materia administrativa, lo cual debilitaría el sistema protectivo, puesto que las medidas adoptadas por un órgano administrativo no pueden ser cambiadas por otro de igual jerarquía, sino, en este caso, por un órgano judicial, con efectos contrarios al objetivo de atender de manera prioritaria las demandas de la niñez.
Finalmente, el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Raúl Delgado, enfatizó que al ser los municipios quienes van a ejecutar esta normativa, es necesario que se garantice la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, “el texto de la norma nos otorga competencias importantes, pero no contamos con los recursos para hacerlas efectivas”, dijo. Propuso suspender el trámite del proyecto para que sea analizado a través de una mesa técnica que permita alcanzar acuerdos que aseguren el cumplimiento de los objetivos de esta ley.
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