La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, que preside Karina Arteaga, recibió aportes de varios sectores al proyecto de reformas al Código del Trabajo y a la Ley de Servicio Público para la Defensa y Garantía de los Derechos Individuales y Colectivos de los Trabajadores, iniciativa que busca recuperar prerrogativas que fueron afectadas en 2015, a través la denominada Ley de Justicia Laboral.
En este contexto, Luis Cherres, de la Federación Nacional de Obreros de los Consejos y Gobiernos Provinciales del Ecuador (Fenogorpe), se mostró partidario de revisar lo concerniente al encargo o subrogación en el Código de Trabajo, para que quienes en determinado momento ejercen funciones de mayor rango, tengan derecho a recibir el pago proporcional de la remuneración correspondiente. De esta manera, continuó, si un operador, que cuenta con un ayudante, tiene que ausentarse y su trabajo lo ejecuta el ayudante, este podrá acceder al pago proporcional del respectivo salario de este puesto laboral, lo cual no es posible actualmente.
De su lado, el experto en Derecho Laboral, Luis Alberto Freire, recordó que en el caso del encargo o subrogación se debe aplicar el principio de primacía de la realidad, por el cual si una persona es contratada para efectuar labores de jardinería y termina ejerciendo funciones de chofer, debe recibir la remuneración correspondiente a la plaza de chofer. También, la reforma debe hacer efectivo el principio de igualdad y equidad en la remuneración, pues la Constitución reconoce que a igual trabajo corresponde igual remuneración.
Mientras, desde la academia, Ana Arteaga Moreira, coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, recordó que el derecho es dinámico, por tanto, siempre es necesario establecer una actualización en la normativa, no solo en temas como la subrogación, sino en lo que corresponde al pago de horas suplementarias y extraordinarias, dado que en la actualidad existe un límite para el ejercicio de este derecho, lo cual no tiene razón de ser, porque si una persona, en el sector privado, es contratada para un cargo de confianza, como una gerencia, no tiene por qué dejar de percibir el pago de horas extras si es que cumple labores que superan la jornada ordinaria de trabajo.
Entre tanto, Gabriela Llumiquinga, a nombre de los trabajadores de las empresas públicas, cuestionó que el marco jurídico específico de este sector, limite sus derechos, ya que es un régimen distinto que no permite que se acojan a las regulaciones del Código del Trabajo, pese a ser obreros; tampoco de la Ley de Servicio Público, lo cual constituye una discriminación.
Otro de los temas que abordaron los comparecientes fue la necesidad de eliminar el valor de la remuneración básica unificada de 2015 como el promedio sobre el cual se calculan las indemnizaciones del sector público, en caso de desvinculación. Lo lógico sería que el cálculo se efectúe con el valor de la remuneración vigente al momento de la desvinculación, por una parte y, por otra, no tiene sentido mantener en la ley el término de hasta siete remuneraciones básicas unificadas, lo cual genera confusión al momento de establecer el pago de este derecho para los trabajadores que se acogen a la compra de renuncia obligatoria u otras formas de cese de funciones, como parte de los programas de optimización del talento humano en el ámbito estatal.
Karina Arteaga, titular de la mesa y autora de la propuesta de reforma legal, agradeció los aportes formulados y, a la vez, solicitó que sus reflexiones y observaciones sean remitidas por escrito para que sean incorporadas en el análisis y debate de este cuerpo jurídico. Igualmente, invitó a los concurrentes para que participen de la discusión de esta temática en el momento en que la Comisión así lo requiera.
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