En la Comisión de Derechos Colectivos, Freddy Carrión, defensor del Pueblo, expuso las acciones emprendidas por esta institución ante la violación de derechos humanos a los trabajadores de la empresa Frurukawa C.A. Dijo que hasta la actualidad las instituciones inmersas no atienden de manera integral el caso de las personas trabajadoras de las plantaciones de abacá, generándose casos de desalojo y derrocamiento de viviendas, pese a que existe una sentencia con medidas cautelares.
Carrión lamentó que las medidas dictadas por el juez constitucional solo se emitieron para los trabajadores del kilometro 33 de la vía Santo Domingo – Quevedo, dejando en la indefensión a quienes se encuentran en los kilómetros 30 y 42. Por ello, el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más y varios representantes de los trabajadores solicitaron interponer las garantías jurisdiccionales necesarias en favor de al menos 172 trabajadores, quienes se vieron presionados a seguir trabajando en la referida empresa con valores irrisorios.
Además, dijo que se conoce que la empresa Furukawa expulsó a un grupo de trabajadores de una de sus haciendas sin el debido pago y liquidaciones por los años de servicio. Ante estos hechos, precisó que la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Trabajo realice una inspección al campamento 30 y de ser pertinente proceda a realizar las liquidaciones; al Ministerio de Inclusión Económica atienda a los trabajadores en el ámbito social de acuerdo a los planes existentes.
Señaló que al tratarse de personas vulnerables se requiere de la actuación de todas las entidades del Estado para atender desde varios enfoques el caso. Solicitó que la Asamblea Nacionald inicie procesos de fiscalización a todas las autoridades inmersas en este tema a fin de que se promueva las sanciones correspondientes. Que la Contraloría investigue las actuaciones del Ministerio de Agricultura en la gestión del caso Furukawa, desde que tuvo conocimiento de los hechos en el 2017, para identificar posible omisión u otros actos que tengan como resultado responsabilidad penal o administrativa.
Indicó que el Ministerio de Gobierno debe articular acciones, planes y programas para las víctimas del caso; y la Fiscalía avanzar diligentemente con el proceso de investigación, sin más dilación, en el posible delito de explotación laboral y otros conexos.
Los comisionados también escucharon a Rafaela Olivo, representante de la Asociación Agropecuaria Montubia Campesina Abacaleros; a José Torres, Ángel Hernández y Sabrina Angulo, trabajadores de Furukawa, quienes indicaron que si bien se dictaron las medidas cautelares hasta el momento no les entregan nada por escrito, razón por la cual la empresa sigue vulnerando sus derechos con despidos, desalojos y derrocamiento de sus viviendas.
Por su parte, Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, indicó que se vulneró las medidas cautelares por lo que se debe emprender acciones jurisdiccionales. Solicitó a la Defensoría del Pueblo inice procesos en la Fiscalía a favor de las personas afectadas.
El presidente de la Comisión, Jaime Olivo indicó que se convocará nuevamente a las autoridades de los ministerios de Gobierno, Trabajo y al Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que informen las acciones emprendidas frente a los últimos hechos suscitados.
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