En el marco del tratamiento del Proyecto de Reformas al Código Monetario y Financiero para Fortalecer la Dolarización, que lleva adelante la Comisión de Régimen Económico, Verónica Artola, gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), destacó la decisión de afianzar la dolarización mediante el fortalecimiento de su institucionalidad.
Dijo que el objetivo del BCE es instrumentar la política monetaria formulada por la Junta de Política y Regulación Monetaria, tendiente a fomentar y mantener un sistema estable, coadyuvar a la estabilidad financiera y administrar su balance, con el fin de preservar la integridad de la dolarización, incluyendo el funcionamiento seguro, sólido y eficiente de los sistemas y medios de pago.
En el marco de la propuesta, las funciones del BCE serán: instrumentar la política monetaria, ejercer el rol de tercerco confiable, custodio de la reservas internacionales y otros activos; y gestión del sistema central de pagos. Artola indicó que la responsabilidd y transparencia son indispensables en la gestión de la institución, razón por la cual se crean otros controles como un comité de auditoría. Aclaró que el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización no elimina el control de la Contraloría al Banco Central.
Recordó que actualmente el balance de la institución está lleno de papeles y activos, lo cual no permite tener la liquidez necesaria para hacer frente a una eventual emergencia. Afirmó que 9 de cada 10 ecuatorianos esperan que las autoridades den estabilidad a la dolarización y salir del momento de incertidumbre.
En el análisis del proyecto, la legisladora Lira Villaba dijo estar de acuerdo con fortalecer la dolarización y liquidez de la economía, pero no puede ser excesiva para respaldar a financistas externos. Le preocupa la eliminación de la competencia específica de la Contraloría al ejercer control sobre algo importante, como es el nivel adecuado y el uso de las reservas. La legisladora Pinuccia Colamarco reiteró la necesidad de fortalecer el control de la Contraloría y la Asamblea Nacional respecto a las reservas
La mesa legislativa, también, escuchó a Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, quien destacó la necesidad de fortalecer las funciones de supervisión y control de la institución con carácter preventivo, integral y de suficiencia. Dijo que es fundamental respaldar los ahorros del público y garantizar la estabilidad financiera en el país.
Precisó que a través del proyecto se establece la potestad sancionadora de la Superintendencia de Bancos sobre las entidades del Sistema de Seguridad Social, es decir, sus directivos, representación legal, funcionarios y servidores, quienes hacen apoyo a la supervisión, así como a las personas naturales y jurídicas que incurran en las infracciones determinadas en la ley. Además, se busca mejorar el principio de la supervisión permanente con altos estándares internacionales, agregó.
Arregui reiteró que las reformas al Código Monetario y Financiero son necesarias para el fortalecimiento de su capacidad como autoridad de control, así como para crear un sistema financiero más competitivo y el ingreso de la banca internacional.
La asambleísta Gabriela Larreátegui consultó si el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización fortalece la autonomía de la Superintendencia de Bancos y cuál es la importancia. Arregui dijo que es importante para las instituciones que hacen control el ejercicio pleno de la autonomía.
Por su parte, Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria destacó la importancia de las reformas al Código Monetario y Financiero, tomando en cuenta que permitirá eliminar distorciones, evitar arbitraje regulatorio; y equilibrar las facultades de supervisión y control por parte de esta entidad.
Explicó que el sector de la economía popular y solidaria representa 15 766 organizaciones entre asociaciones, cooperativas, organizaciones comunitarias, cooperativas de ahorro y mutualistas. Dijo que el sector financiero y no financiero del ramo aportan el 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 64 % de empleo a nivel nacional.
Hernández señaló la necesidad de sustituir el artículo 74 del Libro I del Código Monetario y Financiero, tomando en cuenta el desequilibrio en las atribuciones de los supervisores del sistema financiero nacional. La solución es igualar las facultades de supervisión y control del Sistema Financiero Popular y Solidario.
Así mismo, hay que realizar cambios al artículo 455 del Código con el fin de establecer la distinción entre cooperativas abiertas y cerradas. Reformar el artículo 458 y eliminar el 459 del Libro I porque hay desnaturalización de metodologías crediticias, (cajas y bancos comunales y cajas de ahorro) que afecta la inclusión financiera, es decir, reconocer el carácter informal de estas meodologías financieras, a fin de fortalecer el autocontrol y rendición de cuentas.
El presidente encargado de la Comisión de Régimen Económico, Franco Romero Loayza, indicó que los aportes de las comparecencias ayudarán a la construcción del informe del Proyecto de Reformas al Código Monetario y Financiero y anunció que hoy a las 16h00, comparecerán, de forma virtual, Julio José Prado, de Asobanca; Edgar Penaherrera, presidente de la Organización de Integración del Sector Financiero, Popular y Solidario; y los expertos económicos: Pablo Dávalos, Walter Spurrier y Pedro Páez Pérez.
JLVN/cz
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