Según Defensor del Pueblo, gestión de Juan Carlos Zevallos atentó contra derechos de los ecuatorianos

Lunes, 05 de abril del 2021 - 19:37 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

“La gestión del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, atentó contra derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad de los ecuatorianos”, aseguró el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida por Noralma Zambrano, en el marco de las solicitudes de juicio político presentadas por los asambleístas Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza.

Freddy Carrión, quien compareció como parte de las pruebas de cargo solicitadas por los asambleístas interpelantes, explicó que la gestión de Zevallos y del Ministerio de Salud no fue la adecuada, desde el inicio de la pandemia. Al conocer de la existencia del paciente cero en Ecuador no se siguió el cerco epidemiológico necesario; hubo irregularidades en el manejo de la crisis sanitaria, desabastecimiento de insumos y malas condiciones de atención médica; por último, el hostigamiento permanente al personal de salud.

Alertó que hubo irregularidades, no solo en el proceso de vacunación, por la inexistencia de un plan, sino el inicio de esta etapa sin contar con un número adecuado de dosis, la aplicación de vacunas a gente que estuvo fuera del grupo comprendido en la primera línea. Como una expresión del mal manejo de la pandemia, el defensor del Pueblo recordó que, hasta el momento, todavía hay 66 cadáveres sin identificar; se entregaron restos de personas que no correspondían a los familiares de los fallecidos.

Freddy Carrión enfatizó que, como representante de la sociedad, solicitó información al Ministerio de Salud sobre estos temas, sin embargo, no se ha dado respuesta. También ha presentado ante las autoridades del caso el pedido para que se investiguen todos los procesos contractuales, la aplicación de vacunas, la entrega de carnés de discapacidad, entre otros aspectos relacionados con el ejercicio de Zevallos como ministro de Salud Pública.

De su lado, Xavier Torres Correa, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), indicó que la entidad que preside, desde 2013, no tiene responsabilidad alguna en lo que atañe al otorgamiento de los carnés de discapacidad, cuando por disposición de la Ley Orgánica de Discapacidades y su Reglamento, esta facultad pasó al Ministerio de Salud Pública.

Añadió que ni siquiera el Conadis ha podido obtener la información sobre la entrega fraudulenta de carnés a personas que no cumplieron con los requisitos para acceder a los beneficios previstos en la Ley. “Pedimos la información sobre este tema entre marzo y mayo de 2020, sin embargo, solo desde junio del mismo año se nos dio alguna información; lo que hemos hecho es solicitar a las instancias judiciales que investiguen más de 400 casos, sobre la base de un convenio de cooperación con la Fiscalía, el Servicio de Rentas Internas y la Corporación Aduanera Ecuatoriana, puntualizó.

Entre tanto, Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana; Ismael Espinoza, titular de la Federación Odontológica Ecuatoriana; y Carlos Ulfe Machuca, representante de la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador, coincidieron en que los profesionales de la salud enfrentaron el COVID-19 sin armas, sin contar con los insumos e implementos de bioseguridad indispensables para cumplir con su trabajo.

Detallaron que en el contexto de la pandemia han fallecido 390 médicos, más de un centenar de enfermeras, más de 60 odontólogos y otros tantos camilleros y personal de apoyo. “No descansaremos hasta reclamar y conseguir medidas de reparación frente a las condiciones con las cuales se enfrentó la pandemia, que llevaron a la pérdida de centenares de vidas de quienes hemos estado en primera línea de combate al COVID-19”, enfatizaron.

Además, criticaron el incumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario que dispuso el otorgamiento del nombramiento definitivo para quienes trabajaron en primera línea. Y,  qué decir de la vacunación de los profesionales de la salud, pues en Pichincha, por ejemplo, no hay un solo odontólogo que haya recibido la vacuna contra el COVID-19, pese a que están a solo 20 centímetros de la boca de sus pacientes.

Previo al cierre de la sesión virtual 54, la Comisión de Fiscalización y Control Político, con el voto unánime de los ocho presentes, decidió, como prueba de oficio, requerir la comparecencia de Juan Javier Dávalos, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, quien expondrá los fundamentos de la resolución por la cual se dispone a la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la investigación de todo lo actuado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y por el Ministerio de Salud Pública durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

EG/cz

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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN. (SEGUNDA). VIRTUAL. ECUADOR, 05 DE ABRIL DEL 2021

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