La Comisión de Régimen Económico recepta observaciones al Proyecto de Reformas al Código Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización, a fin de elaborar el informe para primer debate. Asobanca y la Organización de Integración del Sector Financiero, Popular y Solidario apoyan la propuesta del Ejecutivo, mientras economistas creen que se generaría inseguridad jurídica.
Así, Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca, destacó la importancia de aprobar el proyecto económico urgente y la decisión de restablecer el sistema de los cuatro balances del Banco Central del Ecuador (BCE) con reglas de respaldo, entendiendo que esta institución no concede créditos porque es un banco de reserva y custodio de la liquidez y de los depósitos del sector privado, es decir, no es comercial, ni público, ni del gobierno.
Señaló que las reformas establecen un período para llegar a la cobertura del 100 % de los pasivos, determinando el período en el que se va a subsanar la cobertura de los balances, esto es para el 2026, el primer sistema, y para el 2035 para el resto de sistemas del balance del Banco. Precisó que no existe dolarización viable sin banca fuerte, sólida y si el BCE no juega su rol de custodio de la liquidez.
Subrayó que los mitos alrededor del proyecto de ley son falsos o corresponden a interpretaciones erradas. Algunos ejemplos son pensar que se va a privatizar el Banco Central, que podrá dar créditos a la banca pero no al gobierno, que se elimina la regulación de tasas y comisiones, se facilita la salida de divisas del país, que la banca se va a tomar el directorio del Banco Central, o que esta normativa nos regresa a la misma situación de la crisis del 1999.
Precisó que la Asociación de Bancos del Ecuador no quiere que desaparezca el Banco Central. Dijo la propuesta del Ejecutivo es un buen paso para identificar hacia dónde queremos caminar: seguridad de los depositantes y atraer capitales internacionales.
En su turno, Edgar Penaherrera, presidente de la Organización de Integración del Sector Financiero, Popular y Solidario, coincidió con el Presidente de Asobanca en el sentido de que el BCE no debe ser prestamista de recursos ni para el sector público ni para el privado, porque es la entidad encargada de salvaguardar las reservas para casos de crisis, así también, la necesidad de robustecer a esta institución.
Presentó observaciones en temas relacionados al plazo para la capitalización de entidades y propuso incluir en el proyecto la reducción del cupo de crédito al segundo grado de consanguinidad y al primero de afinidad, en consideración a las realidades locales y cobertura de las cooperativas.
Peñaherra concluyó que el proyecto urgente busca garantizar los dineros de los depositantes, aportar al fortalecimiento de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI); y que el dinero no es de los bancos, de las cooperativas ni de las mutualistas, es de los depositantes.
Entre tanto, el economista Pablo Dávalos, expuso los problemas que se generan en la propuesta. Aseguró que existe confusión respecto de lo que significa el encaje bancario y los depósitos del público, así mismo sobre las reservas internacionales que no cumplen ninguna funsión macroeconómica, porque la economía de nuestro país es dolarizada.
Dijo que le preocupa la regla de respaldo, pues la dolarización no necesita de la misma. Manifestó que la regla de respaldo solo es permitida para proteger el tipo de cambio, es decir, se genera una señal de que el país puede empezar un proceso de dolarización para el nuevo tipo de cambio. Recordó que la regla de respaldo altera todo el sistema de dolarización porque otorga a las resevas internacionales un rol macroeconómico que no posee y afecta el proceso de deuda pública.
Enfatizó que la creación de una Junta de Regulación de Política Monetaria por fuera de la institucionalidad vigente, contraviene la Constitución en los artículos 303 y 261, numeral 5. A su criterio, el proyecto no puede aprobarse porque generaría inseguridad jurídica, dependencia al Fondo Monetario Internacional (FMI), visión ideológica de las reformas, riesgo de crisis sistémica, riesgos de desdolarización, corporativismo en la política financiera y monetaria, y neutralización de la política monetaria.
Por su parte, Walter Spurrier, máster en ciencas políticas, subrayó la importancia de la autonomia del Banco Central. Mencionó que si bien esta institución es parte del Ejecutivo, hay que poner cierta distancia entre el manejo financiero y político, y el manejo monetario. Precisó que debe haber funcionarios que velen por la estabilidad económica, que no haya exceso de inflación, que la liquidez de la economía sea la adecuada a fin de que no haya un crecimiento desmedido, ni falta de liquidez.
Mientras, el economista Pedro Páez Pérez mencionó que a través del proyecto urgente se pretende hacer reformas constitucionales, lo cual es inconstitucional. Indicó que la propuesta tiene un trasfondo con disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Su título es engañoso, dijo. Si se quiere fortalecer la dolarización, los pocos recursos deberían quedarse en el país, precisó.
Páez advirtió que la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero crearía las condiciones para fortalecer el monopolio de la banca privada. La autorregulación del Banco Central es inconstitucional, concluyó.
Comparecencias martes
A las 09h15, la Comisión de Régimen Económico, avanzará con el tratamiento del Proyecto de Reformas al Código Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización. En esta oportunidad están invitados los economistas Alberto Acosta, Roberto Rosero, Vicente Albornoz, Nancy Medina, Alberto Dahik y Andrés Mideros, para que den sus observaciones a la propuesta calificada como económica urgente.
JLVN/cz
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