En la comisión de Derechos Colectivos, presidida por el asambleísta Jaime Olivo, los ministros de Gobierno y Trabajo; así como, el Director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) respondieron sobre las acciones realizadas frente a los últimos hechos suscitados en Empresa Furukawa Plantaciones C.A.
El ministro de Trabajo, Andrés Isch, hizo una reseña cronológica de las acciones tomadas por el incumplimiento a las condiciones contractuales y las relacionados con salud y seguridad ocupacional en Empresa Furukawa. Sobre los resultados de la última inspección dijo que los campamentos en los kilómetros 30 y 33 ya no existen y que los trabajadores se mantienen allí sin trabajar, hasta que les paguen lo que les deben en razón de su liquidación.
Se presentan como causales de la empresa Furukawa no generar estabilidad laboral a sus trabajadores, no pagarles un salario justo, no afiliarles a la seguridad social, no darles medios adecuados para realizar su trabajo y la existencia de intermediación laboral.
Isch manifestó que la pretensión de los accionantes contiene una serie de puntos. Entre ellos, solicitan una reparación económica por daño material e inmaterial. Para ello se debe tomar en cuenta el lucro incesante y daño emergente, además el sufrimiento y aflicción que han padecido los comparecientes, reparación que deberá ser establecida en equidad.
Aclaró que las multas no tienen tope cuando se trata de intermediación laboral y que estas al momento suman un total de 185 840 dólares por incumplimiento, tanto de obligaciones laborales, como de seguridad, mismas que se están pagando dentro del convenio de pago acordado. Sobre el registro de los contratos dentro del Sistema Único de Trabajo aseguró que existe un incremento con relación al año 2016, en lo que va del 2021 ya 460 contratos se han registrado.
Por último, dijo que hará llegar informe sobre las inspecciones que se continúen realizando y que si los trabajadores no presentan ante instancias administrativas y judiciales el reclamo de sus derechos, es complicado darles el acompañamiento que requieren. Adelantó que pedirán disculpas públicas por su ausencia en varios años de control a la empresa Furukawa.
De su lado Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, tras recordar que su rol es de coordinación, afirmó que existió una denuncia de los extrabajadores de la empresa Furukawa sobre un intento de desalojo de la empresa con supuesto acompañamiento de la Policía Nacional, del 17 al 19 de marzo de 2021. El 24 de marzo fueron desalojados de manera definitiva de los campamentos en los kilómetros 30 y 33.
Ante estas denuncias solicitaron un informe policial y de la información recabada se concluye que los derrocamientos por parte de Furukawa empezaron a realizarse el 4 de febrero de 2021. En los partes policiales se manifiesta que la Policía asistió únicamente en respuesta a llamados por alteración de orden público. Martínez reiteró que no han participado de ningún tipo de desalojo en supuesto respaldo a los derrocamientos de los campamentos de la empresa Furukawa.
En tanto, Carlos Tamayo, presidente del Consejo Directivo del IESS, aseguró que han hecho la vigilancia de la salud ocupacional donde se ha establecido que la empresa Furukawa deberá implementar medidas correctivas y de prevención, como continuar implementando el sistema integral de gestión de seguridad y salud de trabajo (iniciado en 2019).
Aseguró que han realizado 37 inspecciones y producto de los informes emitidos realizaron la denuncia a la Fiscalía el 18 de junio de 2019, con el fin de que se investigue el presunto delito de la falta de afiliación y retención ilegal de aportes. Como resultado, de las 266 personas afiliadas en 2019, pasaron a tener 472 en febrero del 2021.
El asambleísta Juan Lloret dijo que se ha evidenciado reiterados incumplimientos y vulneración de derechos humanos pues el tema no puede ser considerado solo como un hecho de vulneración de derechos laborales. Consultó sobre sobre las acciones del IESS para emitir las glosas en contra de la empresa Furukawa y las afiliaciones correspondientes.
El parlamentario Jaime Olivo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, tras mencionar que el problema de los trabajadores de la Empresa Furukawa es un problema del país, pidió a las autoridades remitir la información por escrito, y dijo que harán un permanente seguimiento al caso. Concluidas las intervenciones, clausuró la continuación de la sesión 40.
RSA/cz
Más fotografías:
