La Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida por Noralma Zambrano, continuó este miércoles con la recepción de pruebas de cargo, en la sustanciación de las solicitudes de juicio político presentadas por los asambleístas Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza contra el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. Médicos epidemiólogos coincidieron en que fue tardía e insuficiente la respuesta del Gobierno frente a la pandemia.
En efecto, los médicos epidemiólogos Daniel Rodríguez, Daniel Simancas y Andrea Gómez Ayora, así como la auxiliar de farmacia Mónica Taco, dieron sus puntos de vista en torno al manejo de la emergencia sanitaria por el entonces ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
Andrea Gómez Ayora explicó que nuestro país no actuó con la debida diligencia en el manejo de la pandemia, para lo cual presentó cifras relacionadas con el promedio de pruebas COVID respecto del número de contagios registrados que, a su juicio, son insuficientes para determinar de manera confiable la disminución de la curva de contagios. “Estamos en el último lugar en el número de pruebas aplicadas respecto de países como Chile, Uruguay, Colombia, Argentina, Perú y Bolivia”, añadió.
Mientras Daniel Simancas indicó que en nuestro país solo se han efectuado seis pruebas por cada 1000 habitantes, hecho que incidió en el alto número de contagios, así como en el crecimiento del exceso de muertes en el contexto de la pandemia, pues solo en Guayaquil, en abril de 2020 las muertes en exceso alcanzaron el 485 %. Añadió que hace un año las muertes, a nivel nacional, superaron el 405 %, mientras en Chile este indicador no superaba el 10 %. “El manejo de la pandemia es una vergüenza internacional para el país”, sentenció.
De su lado, Daniel Rodríguez, médico que se identificó como especialista en administración hospitalaria, dijo que no se estableció una planificación adecuada para combatir la crisis sanitaria, ya que se obligó al personal de las unidades de salud a atender a los pacientes COVID sin la correspondiente provisión de equipos de protección personal, de manera que muchos de los insumos debieron ser reutilizados, sin seguir los protocolos para la sanitización de los mismos. Añadió que todo el personal de salud debía contar con equipos de bioseguridad, considerando los niveles de riesgo de cada una de las áreas de atención hospitalaria.
Finalmente, Mónica Taco, auxiliar de farmacia, afirmó que fue desvinculada del centro de salud de Tipo “C” de Latacunga, donde prestó sus servicios. Como personal de farmacia, ella y sus compañeros tuvieron que estar en contacto con pacientes COVID, proveer de medicamentos e insumos. Sin embargo, nunca recibieron equipos completos de protección, sino tan solo una mascarilla.
Soraya Díaz tuvo problemas de conexión que le impidieron participar, en tanto que Susana Morán, periodista de investigación de Plan V, se excusó de asistir.
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