En la sesión virtual 58 de la Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida por Noralma Zambrano, expertos e investigadores expusieron sus testimonios respecto de la gestión del exministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, en el marco de la sustanciación del juicio político en su contra. Enrique Terán, médico investigador, aseguró que, al momento, los países más ricos lideran la vacunación, mientras Ecuador no supera el 1.4 % de inmunización, respecto del total de habitantes.
Dentro de las pruebas de cargo requeridas por los interpelantes Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza, Terán aseguró que, a esta fecha, en nuestro país solo se ha suministrado la primera dosis a 244 159 personas y, la segunda, a 142 624 compatriotas, de un total de 750 000 dosis de vacunas que han llegado a Ecuador, con lo cual no es posible contener la ola de contagios de COVID.
Entre tanto, José Terán, pediatra neonatólogo, exdecano de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), tras explicar cómo aparecieron las vacunas en la historia, así como la importancia de mantener a la población inmunizada, dijo que es necesario fortalecer el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), para prevenir enfermedades desde los primeros años de vida. Añadió que desde 2018 hay un desabastecimiento de la vacuna pentavalente, entre otras, porque el Gobierno privilegió pagos de otra índole, antes que invertir en salud.
De su lado, Inti Quevedo, médica salubrista, criticó el manejo de las negociaciones para la adquisición de vacunas, por parte del Gobierno. Añadió que Ecuador siempre pudo autorizar el uso de las vacunas, independientemente de su aprobación de la opinión de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos de América (FDA). A la vez, demandó el respeto de las recomendaciones de organismos internacionales para transparentar el plan nacional de vacunación.
Mientras, en lo relacionado con información oficial, Rodrigo Avilés Jaramillo, director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, explicó que la inscripción de defunciones, que es un proceso realizado cuando se produce el fallecimiento de un ciudadano, permite conocer el promedio de muertes por año, en todo el país, pero no determinar con exactitud la causa del deceso, de ahí que no es posible establecer cuántas de esas muertes corresponden al contexto del COVID-19.
Avilés indicó que en el período marzo-diciembre 2019 hubo 61 175 fallecimientos, frente a 102 219 defunciones en igual período de 2020, con un incremento de mortalidad del 45 %.
En este mismo ámbito, Víctor Hugo Bucheli, director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), detalló el proceso para levantar las estadísticas sobre defunciones, sobre la base de dos fuentes: el Registro Civil y el Ministerio de Salud. También se recoge información del Ministerio de Gobierno, respecto de las muertes violentas; en el caso de los datos del Registro Civil, el 17 % corresponde a registros digitalizados y el 83 % se levanta de documentos físicos, es decir, los formularios que llenan los familiares de los fallecidos. Sin embargo, las publicaciones se realizan el siguiente año, es decir la información de 2019 se publica en 2020, porque hay un largo proceso de verificación, añadió.
Noralma Zambrano, vicepresidenta del organismo, tras agradecer las intervenciones de los comparecientes, solicitó que remitan toda la información por escrito, de manera que quede constancia de las aseveraciones, las cuales serán valoradas al momento de elaborar el informe, que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional.
EG/cz
Más fotografías:
