“El fenómeno de cuerpos extraviados en la pandemia por COVID-19 constituye una violación a los derechos humanos y demuestra la actuación negligente del Ministerio de Salud”, subrayó Billy Navarrete, secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), en la Comisión de Fiscalización, dirigida por Noralma Zambrano, como parte de la sustanciación de las solicitudes de juicio político presentadas por Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza contra el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
La mesa, en la sesión 59, desarrollada la mañana de este lunes, 12 de abril, recibió pruebas de cargo y de oficio, a fin de contar con argumentos suficientes para el análisis del proceso político, los cuales serán recogidos en el informe que será elevado para conocimiento del Pleno de la Asamblea.
El especialista en derechos humanos consideró que, pese a existir protocolos específicos para la recolección de cadáveres extra hospitalarios, es decir, en domicilios, en calles, entre otros lugares, no se cumplieron dichos procesos, lo que llevó a que, hasta, hoy existan familias que no saben qué pasó con los cuerpos de sus familiares. “Este fenómeno se ensañó, sobre todo, con las familias de escasos recursos”, añadió.
Lamentó las últimas expresiones del Presidente de la República en el sentido de que los mismos que botaron los cuerpos a las calles, ahora se quejan que no encuentran a sus familiares. “Los cuerpos fueron perdidos por las autoridades, no por los familiares y, lo que es más, nunca se ofreció a los familiares la reparación que corresponde, ni el acompañamiento psicológico necesario para superar la el trauma que generó esta problemática”, enfatizó.
Igualmente, los miembros del organismo escucharon los duros testimonios de Greta Encalada y Soraya Díaz, familiares de personas que no recibieron atención oportuna del sistema de salud pública. En el primer caso, Encalada dijo que su hermana fue llevada en una camioneta, no en ambulancia, al hospital del Guasmo Sur, tras varias horas de espera, pero ya no había nada que hacer y regresaron con el cadáver al domicilio. Dos días después, llegó criminalística, embalaron el cuerpo, lo etiquetaron y se lo llevaron al centro de acopio y nunca más volvieron a saber de ella.
En el segundo caso, Soraya Díaz, indicó que al no tener respuesta de los bomberos, ni del 911, llevaron a su madre, primero al hospital de Guasmo Sur, pero no había espacio; luego, la trasladaron a la clínica Kennedy, donde la ingresaron; días después falleció y no les devolvieron el cuerpo porque, según los protocolos, debía ser llevado al hospital Guasmo Sur, esperaron un mes fuera de esa casa de salud y no les dieron información. Recién, cuatro meses después la recuperaron y cremaron.
De su lado, el coronel de Policía de Estado Mayor, Mario Corrales Herrera, jefe del Laboratorio de Criminalística, aseguró que el departamento a su cargo cumplió con todos los protocolos para la recolección de cadáveres, primero de forma directa y, después, con la coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta creada por el Presidente de la República, debido al alto número de fallecimientos en Guayaquil y otros cantones de Guayas. Todos los cuerpos eran identificados, embalados y etiquetados, hubo días en que se levantaban hasta 100 cadáveres. Añadió que hubo casos de cuerpos inidentificados porque se trataba de personas en condición de indigencia, entre otras posibles causas.
Mientras, Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente de la República, y el periodista Diego Oquendo, no presentaron excusa por su ausencia, ante lo cual el legislador José Serrano pidió que se los notifique nuevamente, recordándoles que ningún ciudadano puede negarse a comparecer en un proceso de fiscalización que se lleva adelante en legal y debida forma.
La vicepresidenta de la Comisión, Noralma Zambrano, agradeció los testimonios rendidos en esta jormada, en especial los de las ciudadanas Greta Encalada y Soraya Díaz, por la valentía de haber recordado los difíciles momentos que vivieron, aún a riesgo de ser revictimizadas.
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