La Comisión de Derechos Colectivos que la preside el asambleísta Jaime Olivo, citó de forma virtual, a Frank LaRue, ex relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, y a Cesar Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios, para que presenten sus observaciones a los proyectos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La actividad está prevista para el miércoles, 21 de abril, a las 10h00.
Cuatro iniciativas relacionadas a esta temática se tramitan en la Comisión. Los asambleístas César Litardo Caicedo, Juan Pablo Velín, Juan Cárdenas y Rubén Bustamente son los proponentes.
La propuesta de Litardo tiene por objeto promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública en su más amplia aplicación, establecer las excepciones a la publicidad de la información, y fomentar la transparencia en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador.
En cambio, el parlamenario Juan Pablo Velín propone, entre otros aspectos, sustituir el artículo 17 que hace mención a las exclusiones del principio de publicidad sobre información o documentación generada por entidades públicas o privadas que manejen recursos públicos que no podrán exigirse solamente sobre los gastos de defensa, únicamente en caso de guerra o conflicto bélico internacional, oficialmente declarado, siendo en todos los demás gastos o documentación obligatoria su publicidad. Así mismo, en casos de grave conmoción interna.
Por su parte, el parlamentario Rubén Bustamente plantea como un derecho ciudadano el acceso a la información pública emanada, en posesión o bajo control de los organismos y entidades obligadas a cumplir las disposiciones es esta ley. Determina que este solo podrá ser restringido excepcionalmente, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
Mientras, Juan Cárdenas propone, a continuación del artículo 7 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, un innumerado que determine que en los procesos de enajenación de bienes y recursos del Estado que previamente hayan justificado su conveniencia para los altos intereses de la sociedad ecuatoriana y que no afecten la naturaleza estratégica de sus fines y objetivos, tiene que aplicarse la más amplia transparencia y difusión, sin ninguna reserva que opaque y ponga en duda la finalidad de esta eventual transacción que siempre tendrá el carácter de excepcional.
JLVN/cz
