La Asamblea Nacional aprobó, con 115 votos, el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública, sobre la base del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El tratamiento de esta iniciativa legal se efectuó en el marco de la continuación de la sesión 699, este martes, 20 de abril.
Lectura y ponencia del informe
El Secretario General de la Legislatura fue el encargado de la lectura del informe. En la exposición del texto, destacó el objeto de la ley que busca la organización y normas para la prestación gratuita, oportuna, integral, ininterrumpida, técnica y competente de los servicios de asesoría, asistencia legal y patrocinio judicial que brinda la Defensoría Pública y la Red Complementaria de consultorios jurídicos gratuitos, con el propósito de garantizar la permanente coordinación y articulación interinstitucional.
Además detalló los aportes, sesiones y las observaciones presentadas ante el seno de la Comisión, con el fin de contribuir con la construcción del texto. La iniciativa consta de cuatro capítulos sobre generalidades, principios de la defensoría, prestación de servicios de asesoría, asistencia legal y patrocinio judicial, y sobre la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública. Así mismo, dos disposiciones generales, cinco reformatorias y derogatorias, una transitoria única y la disposición final.
Por su parte, el ponente del informe y presidente de la Comición de Justicia, asambleísta José Serrano, manifestó que la ley recibió aportes de académicos, defensores públicos y expertos que priorizaron el enfoque de derechos. Agregó que el proyecto reconoce las obligaciones y atribuciones de los usuarios del servicio de asesoría legal y patrocino gratuito.
Serrano recalcó que la iniciativa de ley nació con la vigencia de la Constitución de la República aprobada en 2008 y recordó que esta garantiza la atención gratuita en la defensa judicial para las personas que por razones económicas no pueden obtenerla. De la misma forma, manifestó que la ley brinda asistencia legal e integral y garantiza el derecho ciudadano a una justicia eficaz, técnica y de calidad, con respeto al debido proceso.
Recordó que el texto dicta los lineamientos para asegurar la prestación gratuita, oportuna, integral y competente de los servicios de asesoría, asistencia legal y patrocinio por parte de la Defensoría Pública. Del mismo modo, agregó que es fundamental garantizar el acceso a la justicia a las personas en vulnerabilidad, sin discriminación, destacó que la Ley de la Defensoría Pública crea el sistema de información y defensa jurídica.
Al término de la intervención, el asambleísta José Serrano señaló que la ley permite el acceso, de manera permanente, a la situación de las causas de los usuarios. Así mismo, establece normas para garantizar el funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos, con el objetivo de mantener vigentes los derechos de acceso a la justicia con igualdad y eficiencia en los servicios.
Comisión General
Inmediatamente, el Pleno del Parlamento recibió en Comisión General al defensor Público, Ángel Torres Machuca, quien se pronunció sobre el trabajo desarrollado en la Comisión de Justicia.
Dijo que la construcción del proyecto de ley da como resultado una norma técnica que beneficia a la Defensoría Pública, a los funcionarios de la institución y lo más importante a los usuarios. Con la entrada en vigencia de la ley se creará la Escuela Defensorial que será un ente para la formación y capacitación de funcionarios del organismo que permita garantizar eficiencia en el servicio que brindan a los ciudadanos.
“Solicitamos que el Pleno se pronuncie favorablemente sobre esta iniciativa, a fin de saldar una deuda pendiente con la institución y el país”, señaló Torres Machuca, al recordar que han esperado por 12 años la aprobación de esta ley. Nuestra entidad brinda servicio social para garantizar el derecho al acceso a la justicia, cumpliendo así con el numeral 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, agregó.
Debate
Cinco legisladores participaron en el debate y coincidieron en la pertinencia e importancia de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. Los criterios se orientaron a resaltar que la ley permitirá el desarrollo de conceptos que constan en la Constitución, eliminando así vacíos legales en el ámbito del patrocinio y defensa jurídica para la protección de derechos.
Adicionalmente, manifestaron que la norma viabiliza el acceso a la justicia en igualdad de oportunidades, por lo que es fundamental que la Defensoría Pública tenga su ordenamiento jurídico que permita esta institucionalización.
Finalmente, se refirieron a la importancia en la administración de justicia, específicamente para los grupos vulnerables y ciudadanos que requieren de una defensa técnica, adecuada y gratuita.
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