En la Comisión de Derechos Colectivos, Frank LaRue, exrelator especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión y César Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios, presentaron observaciones a los proyectos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Frank LaRue, se refirió a temas relevantes para mantener los principios internacionales de libertad de expresión y del sistema interamericano como es el órgano contralor y la aplicación de la Ley. Consideró importante que tanto en la Ley de Acceso a la información, como en la Ley de Protección de Datos el órgano deba ser autónomo, con presupuesto y mecanismo de decisión propio, lo que a su criterio favorece la independencia de las decisiones.
Recomendó un órgano colegiado asesor, consultivo, integrado multidisciplinariamente, que pueda tomar decisiones para hacerlas efectivas e imponer sanciones administrativas. Que sea regulador de la Ley de Acceso a la Información y a la vez encargado de la aplicación de la Ley de Protección de Datos.
Mientras que César Ricaurte dijo que la Ley de Acceso a la Información Pública es fundamental para garantizar el acceso a la información y como herramienta en la lucha contra la corrupción. Está de acuerdo con aprobar una nueva legislación, no solo de reformas, sino un proyecto íntegro que responda a la nueva realidad del mundo contemporáneo. Cree que los proyectos en tratamiento son complementarios y no excluyentes.
Planteó implementar un régimen de excepciones al derecho de acceso a la información, considerando el principio de máxima privacidad de los actos del poder público, interpretando excepciones conforme al texto literal de la norma y dejando muy poco espacio para la discrecionalidad de la interpretación del régimen de excepción.
Considera necesario que el cuerpo normativo establezca obligaciones de publicidad de información para todas las autoridades públicas y los órganos autónomos de todos los niveles de gobierno, que presten servicios públicos o ejecuten en nombre del Estado recursos públicos. Señaló que estás obligaciones van de la mano con las responsabilidades de protección y garantía de este derecho como la incorporación de un recurso efectivo e idóneo que pueda ser utilizado por todas las personas para solicitar la información.
Respecto a la autoridad de acceso a la información, César Ricaurte coincidió que debe ser un órgano autónomo, independiente de la influencia política, especializado, con facultades de supervisión, sancionatoria y que genere políticas públicas de transparencia y acceso a la información.
El asambleísta Jaime Olivo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, tras mencionar que cada uno de los aportes presentados son importantes en la construcción de los proyectos de Ley relacionados con el acceso a la información y transparencia que se tratan en la mesa Legislativa, dio por concluida la sesión.
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