Este miércoles 28 de abril, la Comisión de Derechos Colectivos, presidida por el asambleísta Jaime Olivo, inició el tratamiento del proyecto de Ley Sustitutiva a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), de iniciativa de la Defensoría del Pueblo. Cristhian Bahamonde, delegado de la institución subrayó que la ley vigente no ha sido modificada por aproximadamente 17 años por lo que requiere ser actualizada de conformidad a la Constitución, a los avances tecnológico y sobre todo, a precisar obligaciones a instituciones que han sido creadas y reformadas.
El proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer el pleno ejercicio del derecho humano de acceso a la información y las competencias de la Defensoría del Pueblo como ente rector y seguir fomentando la transparencia en el uso de los recursos públicos para prevenir la corrupción, conforme al artículo 136 de la Constitución de la República.
Bahamonde, expuso la estructura y los principales temas en los que se plantean mejorar la Lotaip: conceptos y definiciones, transparencia activa, transparencia pasiva y, procedimiento de queja y control ciudadano. Explicó que la transparencia activa, se refiere a aquellos temas que la institución está obligada a publicar en sus páginas web, independientemente que haya pedido ciudadano.
Del mismo modo, establecer por ley un procedimiento que garantice que la información publicada se mantenga permanentemente activa, con los portales actualizados y publicada en formato estandarizado, facilitando así la información a la ciudadanía. También la importancia de fortalecer las responsabilidades que se asignan a los sujetos obligados para responder los pedidos de acceso a la información.
Otro elemento, es la capacidad que se le da a la Defensoría para poder sancionar el incumplimiento en los temas de transparencia activa como pasiva. También trabajan en el rol de control ciudadano y participación de la ciudadanía en todo el proceso.
Bahamonde detalló que la información reservada solo es permitida en temas de seguridad nacional o por que así lo permite otra ley. Aclaró que la Defensoría patrocina acciones de acceso a la información cuando ésta es negada o no es entregada dentro del plazo.
Subrayó que la Defensoría del Pueblo cumple con las características que plantea la nueva ley modelo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para un órgano garante de transparencia y acceso a la información en donde plantea, que sea una entidad creada con personería jurídica propia, establecida por ley, con autonomía e independencia y con capacidad de ejecución de su presupuesto, especializada e imparcial y dotada de capacidad sancionadora en el marco de sus competencias.
Antecedentes
Dio a conocer los antecedentes y contexto en el que se desarrolló el derecho a la información en el país. Mencionó que son 128 países en el mundo que cuentan con leyes de acceso a la información.
Dijo que de acuerdo al catastro 2019 son cerca de 1500 instituciones que deben cumplir con esta ley, y que existen alrededor de 6000 solicitudes de acceso a la información, en 6 años, de las cuales el 97 % han sido reportadas como atendidas.
Recordó que hace más de un año iniciaron un proceso colectivo durante el cual se abrieron varios espacios de diálogo y debate a nivel nacional en el que participaron los sujetos obligados y actores de la sociedad civil organizada, universidades, expertos nacionales e internacionales con quienes se ha podido identificar las necesidades que deben incorporarse en la nueva propuesta de ley.
Tras el cierre del punto, Jaime Olivo resaltó que es una iniciativa muy importante y necesaria para el país en el control al acceso a la información pública.
Empresa Ecuaservoil
Previamente, la Comisión Legislativa recibió en comisión general al ministro de Ambiente, Marcelo Mata, con el fin de que explique sobre las actividades extractivas que se estaría realizando la empresa Ecuaservoil, en las zonas donde habita la comunidad ancestral Dikapare.
El Secretario de Estado indicó que la asignación de bloques petroleros lo realiza directamente el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables a través de un contrato petrolero.
Remarcó que todas las operadoras hidrocarburíferas necesitan tener licencia ambiental, más no las contratistas como es el caso de Ecuaservoil. Resaltó que los sucesos registrados entre dicha empresa y la comunidad son de orden social y nada tienen que ver con el tema de ambiente.
RSA/SV/ea
Más fotogafías:
