La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por José Serrano Salgado, por unanimidad de sus 12 integrantes, emitió este viernes, 30 de abril, el informe para segundo debate del proyecto de reformas para Prevenir y Sancionar la Violencia Sexual Digital, que tiene como objetivo proteger a toda la población, con énfasis en mujeres, niñas, niños y adolescentes, que son víctimas de ciberdelitos cometidos a través de medios telemáticos.
José Serrano indicó que para el segundo debate el texto se amplía a nuevas formas de delincuencia digital como el mobbing, el bullying, el hostigamiento, ciberacoso, la extorsión por medios electrónicos, así como la violencia económica contra la mujer, la violencia psicológica, la violencia política y la violencia gineco-osbtétrica, entre otras conductas.
Dijo que en el análisis de este proyecto se consideraron las 44 observaciones formuladas por los asambleístas en el primer debate, así como los aportes de 29 actores, entre ellos, expertos nacionales e internacionales, representantes de instituciones públicas, privadas, activistas sociales, académicos, a través de 14 sesiones desarrolladas por el organismo de Justicia y Estructura del Estado.
Según Serrano, la normativa, que está contenida en 47 artículos, busca institucionalizar la lucha frontal en contra de los ciberdelitos, sobre todo en materia de acoso y violencia sexual para proteger a toda la comunidad, con énfasis en sectores de atención prioritaria como son las niñas, niños y adolescentes; también las mujeres, que son víctimas de una sociedad predominantemente machista.
No podemos desmerecer el extraordinario avance que ha significado el desarrollo de las tecnologías de la información pero, a la vez, no podemos dejar de reconocer que ha traído consigo nuevas formas de delincuencia, entre ellas, las que se enmarcan en la violencia sexual digital, enfatizó.
El proyecto será remitido en las próximas horas a la Presidencia de la Asamblea, a fin de que se distribuya a los legisladores y, en cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se ponga en conocimiento del Pleno para su trámite en segundo debate.
Reformas al Código Civil
En torno a las reformas al Código Civil para adaptar su texto a las disposiciones de la Convención de los Derechos del Mar (Convemar), la Comisión recibió aportes de delegados de la Cancillería ecuatoriana y de la Dirección de Intereses Marítimos, en representación del Ministerio de Defensa Nacional, quienes argumentaron técnicamente las razones por las cuales amerita actualizar la normativa vigente.
María Gabriela Troya y Gonzalo Salvador, subsecretaria de Soberanía y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, respectivamente, indicaron que Ecuador ejerce la soberanía dentro de las 12 millas, mientras que en las 188 millas restantes, que corresponde a la zona económica exclusiva, se ejercen los mismos derechos para la explotación de los recursos que tenía el país antes de su adhesión a la Convemar.
Gonzalo Salvador explicó que para poder extender la plataforma submarina de 200 a 350 millas se requiere de la revaluación y autorización de la Comisión determinada por la Convemar, con sede en Nueva York, sin embargo, en la reforma se pone como si esto fuera un hecho. A la vez, detalló cuál es el carácter de cada uno de los espacios marítimos jurisdiccionales, como son las líneas de base, aguas interiores, mar territorial, zona contigua (en la cual se ejercen acciones de control aduanero, migratorio y otros) y zona económica exclusiva.
De su lado, Juan Carlos Proaño, titular de la Dirección de Intereses Marítimos, destacó la importancia de adecuar la normativa nacional con las disposiciones de la Convemar.
Sobre la ampliación de la plataforma submarina, recordó que son dos las restricciones que se deben considerar, la ampliación de las líneas de base y la isóbata (línea que en un mapa batimétrico, une los puntos de igual profundidad del fondo de los mares o los océanos), pero también puede haber una fórmula mixta. Esto tiene que estar en la ley, dijo.
Coincidió con el embajador Gonzalo Salvador en el sentido que cualquiera sea la fórmula que se aplique se necesita remitir a la Comisión respectiva de la Convemar los argumentos técnicos y científicos que justifiquen la extensión de la plataforma, sobre la cual se tiene derecho respecto del suelo y subsuelo, no en la masa marítima propiamente dicha.
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