El Pleno de la Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión 704, aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva que se constituye como la primera en Latinoamérica. La propueta de iniciativa legislativa tuvo el apoyo de 101 asambleístas.
En la norma se plantea mecanismos de transición de la economía lineal a la economía circular inclusiva; determina las obligaciones y facultades del sector público, privado y de la economía popular y solidaria; define los principios para políticas, financiamiento y programas; fomenta la investigación y el desarrollo económico; reconoce la importancia de los recicladores de base y define las infracciones y sanciones, entre otros.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz indicó que acoge el pedido de la Asociación de Municipalidades (AME) de establecer un régimen transitorio de tres años para que los GAD puedan incluir o no en los planes de desarrollo territorial el modelo de economía circular inclusiva, en función de sus realidades y recursos. Así mismo, señaló que se recoge las propuestas del asambleísta Luis Pachala que, entre otros aspectos, pide que los empresarios formen parte del Comité Nacional de Economía Circular Inclusiva; así como las propuestas de gremios y sectores productivos.
Albornoz dijo que es necesario pasar de la economía lineal a la circular. La primera extrae, fabrica y tira, es decir, no valora el potencial de los residuos que se desechan, contaminando el ambiente; mientras la otra, fabrica, usa y recicla, permitiendo generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.
Precisó que la economía circular invita a repensar, reducir, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reasignar, reciclar, recuperar y rechazar, es decir, determinar la aplicación útil de los materiales, uso y producción inteligente, prolongación de su vida útil.
La propuesta está orientada a sensibilizar a los consumidores, introducir sistemas de etiquetado, reformar los sistemas de recolección y clasificación, impulsar la inversión en los sistemas de gestión de residuos.
Por otra parte, el proyecto fomenta principios de producción y consumo sostenibles, gestión integral e inclusiva de residuos, por lo que se definen las atribuciones y responsabilidades de las entidades, organismos y dependencias.
Igualmente, prevé las obligaciones y facultades del sector público, privado y de economía popular y solidaria; define los principios para políticas, financiamiento y programas; fomenta la investigación y el desarrollo económico; y reconoce la importancia de los recicladores de base. Albornoz destacó la creación del Comité Nacional de Economía Circular Inclusiva, del Sistema Nacional de Información de Economía Circular Inclusiva y del Registro Nacional Integrado de Emisiones y Transferencia de Residuos.
En el proyecto se toma en cuenta la gestión inclusiva de residuos, en los GAD, y sistemas de gestión. Se establecen incentivos y financiamiento para la economía circular; fiscalización y seguimiento, infracciones y sanciones. Se crea la categoría de afiliación al IESS del trabajador autónomo reciclador de base.
Debate
Las legisladoras Elizabeth Cabezas y Doris Solis destacaron los beneficios que tiene la normativa para abrir la puerta hacia el futuro de nuevos modelos económicos.
Cabezas afirmó que esta ley ayudará a enfrentar los graves efectos de la pandemia y el deterioro de la economía. De su lado, Solis calificó de histórica y estratégica con visión de futuro la Ley de Economía Circular Inclusiva porque genera beneficios económicos, sociales y ambientales con efectos positivos en los ecosistemas del planeta. Es una ley que tiene el carácter de estratégico, dijo.
Comisiones generales
Previo a iniciar el segundo debate, el Pleno escuchó a Luis Mario Barsallo, director ejecutivo de la AME quien destacó la necesidad de establecer mesas técnicas con expertos, actores de los GAD y equipos técnicos asociativos.
Por su parte, Pedro Ponce, experto de la Unión Europea, indicó que se debe escuchar a quienes participaron en la construcción del Libro Blanco, donde se establecen lineamientos importantes que deben ser tomados en cuenta en la Economía Circular Inclusiva. Fernando Muñoz, experto de Veolia Francia, mencionó la necesidad de realizar una normativa integral que tome en cuenta los botaderos de basura, aguas residuales, contaminación atmosférica, déficit económico de los GAD; así como evitar la contraposición de normativa legal y establecer mesas técnicas con los sectores involucrados para la aplicabilidad de la norma con un plan debidamente organizado.
En cambio, Inty Groenneberg, representante de la Fundación Circular, destacó el contenido del proyecto porque será el inicio de un proceso de cambio que permitirá implementar en el territorio conceptos amplios de la economía circular como el reciclaje y el ecodiseño. Dijo que el proyecto incentiva a los investigadores y estudiantes sobre el tema como el nuevo modelo de cambio hacia la revolución industrial y el desarrollo de las sociedades.
Por su parte, María Laura Guanopiza, de la Red Nacional de Recicladores del país, destacó la construcción de esta iniciativa legislativa que considera a este sector como parte de la cadena de residuos sólidos, les da el derecho y a un trabajo digno y seguro.
JLVN/cz
