La Comisión Fiscalización y Control Político, que preside Elio Peña Ontaneda, sesionará este miércoles, con el propósito de avocar conocimiento de la solicitud de juicio político en contra de René Ortiz Durán, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, propuesto por los asambleístas Dennis Marín Lavayen y Mercedes Serrano Viteri, por presunto incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo.
El proceso propuesto por los asambleístas Marín y Serrano se fundamenta, entre otros aspectos, en la falta de entrega de información, en unos casos; y la entrega de documentación incompleta, en otros, sobe temas fundamentales como las presuntas irregularidades en la contratación de pólizas de seguros de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima de la Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador Petroecuador EP.
También, sobre las denuncias realizadas por varios trabajadores, extrabajadores y jubilados de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), respecto de un descuento a su remuneración o a sus beneficios jubilares con ocasión del cumplimiento de ciertos acuerdos de pago (correspondiente al veinte por ciento del monto pagado), destinados a la cancelación exclusiva de honorarios de terceros intermediarios, con quienes no habrían pactado honorario alguno y que se escudan en una presunta designación realizada por las organizaciones sindicales encabezadas por Richard Gómez Lozano.
Ministra de Educación
Así mismo, en la sesión virtual 64, prevista para el miércoles 12 de mayo, a las 08h30, la mesa recibirá a Monserrat Creamer Guillén, ministra de Educación, quien informará sobre el traspaso y el estado de las Escuelas del Milenio en Zamora Chinchipe, debido a la preocupación que existe la referida provincia por el proceso de abandono y deterioro progresivo en que se encuentran dichas instalaciones educativas.
Según el pedido de comparecencia, formulado por el legislador Peña, representante de la provincia de Zamora Chinchipe, la ciudadanía de esta zona del país está preocupada, no solo por el deterioro de estas edificaciones escolares, sino también por la falta de propuestas del Gobierno que garanticen que no se pierda la inversión realizada, la rehabilitación de sus instalaciones y, sobre todo, la sanción para los responsables de cualquier perjuicio causado al Estado ecuatoriano.
EG/cz
