El presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al proyecto de Ley de Economía Circular Inclusiva. El primer mandatario realizó 53 observaciones al documento aprobado por el Pleno, el pasado 7 de mayo de 2021.
La norma plantea mecanismos de transición de la economía lineal a la economía circular inclusiva; determina las obligaciones y facultades del sector público, privado y de la economía popular y solidaria; define los principios para políticas, financiamiento y programas; fomenta la investigación y el desarrollo económico; reconoce la importancia de los recicladores de base y define las infracciones y sanciones, entre otros aspectos.
Veto
El jefe de Estado planteó que el objeto de la norma sea más amplio, pues está orientada exclusivamente a la gestión de residuos o reciclaje inclusivo, y la ley se debería enfocar en la implementación de criterios y mecanismos de producción y consumo sostenible, políticas y financiamiento de iniciativas de economía circular como el ecodiseño, producción limpia, eco-eficiencia, simbiosis industrial, entre otros aspectos.
Al mismo tiempo detalló que los principios de responsabilidad extendida del productor y otros criterios de la gestión de residuos ya están regulados por el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento.
En lo que respecta al artículo 3, sugirió incluir los tres principios básicos conceptuales de la economía circular: eliminar residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales. Así mismo hizo observaciones a los principios de prevención, trazabilidad, el que contamina paga, entre otros.
En cuanto a las definiciones del proyecto propuso mejorar los conceptos de economía circular, separar las definiciones de ecodiseño y ecoeficiencia, reemplazar el término minería inversa por minería urbana, además, solicitó incluir el concepto de producto primario.
El Ejecutivo objetó el artículo 6 porque consideró inconveniente la creación de organismos adicionales como el Comité Nacional de Economía Circular para la ejecución de la ley.
En el veto se expresa que las instituciones que dirigirán el Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva tienen ya sus competencias definidas por la ley y pueden reforzarse institucional y operativamente por vía reglamentaria. Además, argumentó que la creación de nuevas entidades burocráticas entorpece la actividad privada y la propia consecución de los fines de esta ley. Se expuso también que la eficiencia no se alcanza creando nuevos comités, sino fortaleciendo la institucionalidad existente.
Así también pidió la eliminación del artículo 15. Aseguró que el costo de implementar sistemas de auditoría no deberá ser traslado a las empresas, emprendimiento o consumidor final. Considerando la situación fiscal y la necesidad de priorizar recursos para enfrentar la pandemia del Covid-19 y la vacunación, el Estado tampoco podría asumir esta obligaciones y costos.
Otras objeciones están relacionadas con el fomento de la asociatividad, compras públicas, obligaciones de los distribuidores, comercializadores y proveedores de servicios y productos prioritarios, responsabilidad extendida del productor, metas de recolección y valorización en productos prioritarios, entre otras.
Así mismo se plantean objeciones a las disposiciones transitorias segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, reformatorias primera y segunda.
La Comisión de Desarrollo Económico deberá elaborar un informe no vinculante sobre estas observaciones, el cual será llevado al Pleno para allanarse o ratificarse en los textos.
SV/pv
