El procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, informó sobre los procesos arbitrales en los cuales Ecuador ha sido condenado al pago de millonarias indemnizaciones, uno de ellos, a favor de la empresa Perenco Limited. Explicó que el Estado solo puede iniciar las acciones de repetición en contra de los funcionarios que adoptaron las decisiones materia de los laudos arbitrales, después de que pague la totalidad de las indemnizaciones dispuestas por los respectivos tribunales arbitrales.
Sobre le caso Perenco, Salvador Crespo explicó que la reclamación inició mucho antes de que asuma la Procuraduría. No obstante, indicó que tras el laudo final del 27 de septiembre de 2019, por el cual el Tribunal Arbitral condena al Ecuador a pagar a Perenco la suma de 471 millones 820 mil 400 dólares y acepta el reclamo de Ecuador respecto a daños ambientales por los cuales Perenco debía pagar 54 millones 439 mil 517 dólares.
El pasado 28 de mayo, continuó, el Comité Ad-Hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) notifica la resolución que acepta parcialmente el recurso de anulación interpuesto por Ecuador y reduce la condena al pago de 435 millones 182 mil dólares, mientras Perenco debe pagar al Ecuador 54 millones 439 mil 517 dólares, por la restauración ambiental.
Respecto del pago de este valor, el Procurador dijo que aspira alcanzar un convenio en el cual se considere la crisis económico-sanitaria. Por otro lado, se está en la fase de investigación para determinar a los funcionarios responsables de las decisiones que, a través de la Ley 42 y el Decreto 662, dieron lugar a los cambios en la participación de Estado ecuatoriano en los excedentes petroleros, normativas que son la base de la reclamación de Perenco; Burlington Resources Limited; y, Murphy Exploration and Production Company-International. En el cuarto caso, con la empresa Repsol, se llegó a un acuerdo.
Añadió que la seguridad jurídica del Ecuador se puso en duda, a través de estos procesos arbitrales, dado que se modificaron las condiciones que habían sido pactadas mediante contratos, por una parte; y de conformidad con Tratados Bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones (TBI). Añadió que la denuncia de varios de esos tratados no fue alegada como parte de las demandas, ni de las decisiones de los tribunales.
Se comprometió a enviar a la Comisión de Fiscalización información detallada de los costos de los procesos arbitrales y de la defensa del Estado, a través de estudios jurídicos contratados, a nivel nacional e internacional.
En torno a la reparación en los procesos en los cuales la Procuraduría del Estado presentó acusación particular, como en el caso sobornos 2012-2016, la entidad impulsa la ejecución de las sentencias, dentro del marco establecido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Para el efecto, se ha presentado la respectiva información de los bienes que están registrados a nombre de los sentenciados.
Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, tras agradecer por las respuestas del Procurador, dijo que este es el inicio de una larga lista de procesos de investigación que se ha propuesto desarrollar esta mesa, a fin de cumplir con uno de los grandes anhelos de la ciudadanía, que es descubrir la verdad, no solo del caso Perenco, sino de otros tantos procesos en los cuales el país ha sido condenado a pagar indemnizaciones, con recursos del pueblo ecuatoriano.
A la vez, dispuso que la Secretaría de la Comisión requiera información actualizada a Petroecuador, así como a los ministerios de Finanzas y de Energía y Recursos Naturales no Renovables, acerca de los beneficios que recibió el país, a raíz de la vigencia de la Ley 42 y del Decreto 662.
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