La Asamblea Nacional expresó la importancia y validez de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural por reunir los requisitos constitucionales y legales, lo que permitió su calificación, discusión y aprobación mayoritaria en la Función Legislativa.
Asimismo determinó que es imprescindible resaltar que esta reforma contribuye en la garantía del derecho de los pueblos del Ecuador a gozar de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas.
A través de la resolución el Pleno de la Asamblea Nacional ratifica el apoyo incondicional a los derechos de los miembros de la comunidad educativa ecuatoriana y reconoce la independencia de la Corte Constitucional en su calidad de único y máximo intérprete de la Constitución para que en el marco del estado de derecho y los preceptos constitucionales garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes al acceso a una educación de calidad. También respaldó el respeto irrestricto de los derechos laborales de las y los maestros del país.
Previo al debate la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, destacó que la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que beneficia a 5 millones de estudiantes, 260 mil maestros, más de 6 millones de padres y madres de familia, fue construida en minga durante 12 años y aprobada por la Asamblea Nacional, pero que su vigencia está suspendida por la Corte Constitucional ante una demanda de inconstitucionalidad. Estamos junto a la Asamblea en la defensa de la ley, que servirá para el desarrollo del país, pues la educación es una herramienta fundamental para cambiar el futuro del Ecuador, enfatizó.
Así mismo, expresó que la ley cumple los requisitos legales y constitucionales y garantiza a los pueblos y nacionalidades a gozar una educación inclusiva y de calidad, convalida los derechos sociales, laborales, económicos y culturales, por lo que solicitó que se defienda su plena vigencia.
La asambleísta Dina Farinango, proponente de la resolución aprobada con 124 votos, sostuvo que la reforma a la LOEI institucionaliza la educación intercultural en beneficio de las 14 nacionalidades y 18 pueblos. No debemos dar la espalda a las aspiraciones de los maestros, añadió
Manuel Medina, presidente de la Comisión de Educación, recordó que la mesa legislativa resolvió por unanimidad defender la vigencia de las reformas a la LOEI y demandar la defensa técnica legal y constitucional de la ley, con el compromiso para garantizar los derechos de los maestros con un salario digno y jubilación justa.
La legisladora Dallyana Passailaigue expresó que luego de 10 años de vigencia de la LOEI se emprendió la reforma que recoge varias de sus propuestas, para atender las preocupaciones de la comunidad educativa y resolver los problemas del sistema de educación que fueron identificados por los propios estudiantes, docentes, padres y madres de familia.
De su lado, Yeseña Guamaní solicitó interponer las acciones que permita el ordenamiento jurídico vigente para que se desechen las acciones de inconstitucionalidad. Isabel Enríquez manifestó que mantienen el compromiso con la Patria y la calidad de la educación. A su vez, Paola Cabezas expuso el respaldo de su bancada a los maestros.
La asambleísta Ana María Rafo recordó que la Comisión de Educación ratificó, por unanimidad, el compromiso ante el Magisterio en garantizar sus derechos en el marco de la Constitución y demás leyes pertinentes, mientras que Rocío Guanoluisa explicó que la Constitución garantiza derechos y obliga al Estado a fortalecer la educación pública, criterio que fue compartido por Diego Esparza.
El legislador Diego Ordóñez señalo que la reforma implica un incremento del 22 % de la remuneración y otorga beneficios en la jubilación de los maestros, aspectos que tienen incidencia en el aumento del gasto público, al tiempo que señaló que la situación demanda políticas estructurales que garanticen una educación de calidad, mientras que Luis Almeida comparte el criterio de defender la reforma a la LOEI que fue construida con la participación de todos los actores de la educación.
Ramiro Frías llamó a garantizar el derecho de los pueblos a gozar de una educación inclusiva y de calidad y a defender los derechos de los maestros, planteamiento que fue respaldado por el parlamentario Édgar Quezada.
Por último, Peter Calo respaldó el sistema de educación intercultural bilingüe que fortalece la cultura viva de los ancestros, en concordancia con el Estado Plurinacional.
PV
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