La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, acudió en compañía de varias autoridades, a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a donde fue llamada por pedido del legislador Ricardo Vanegas, con el fin de tratar temas como el proceso de evaluación, selección y designación de jueces y funcionarios, así como la investigación de la entrega de carnés de discapacidad a servidores y funcionarios judiciales.
Ricardo Vanegas destacó la importancia de garantizar la independencia de la Función Judicial y evitar que haya presión o injerencia en la decisiones que toman los jueces.
En este tema se revisó un comunicado emitido por la Dirección de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publicado en redes sociales y la página web institucional, en la que se anuncia la recusación en contra de uno de los integrantes de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que debía resolver la acción de protección, mediante la cual lo exjueces que fueron removidos impugnaron la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia realizada en 2019.
María del Carmen Maldonado afirmó que la evaluación responde a un proceso técnico y metodológico con la participación de destacados catedráticos de las universidades del país, en el que se priorizó el aspecto cualitativo con 80 puntos, mientras que el cuantitativo tuvo una calificación de 20 puntos.
Las autoridades del Consejo de la Judicatura también fueron llamadas para que expliquen el estado en que se encuentran los procesos de investigación abiertos para sancionar a los operadores de justicia, notarios, servidores judiciales y demás funcionarios de los órganos auxiliares que se beneficiaron por contar con carné de discapacidad obtenidos de forma aparentemente irregular.
En este tema, la Presidenta del Consejo de la Judicatura advirtió que el órgano rector en materia de entrega de carnés de discapacidad no ha proporcionado la información al Consejo de la Judicatura, pese a lo cual movilizó su capacidad institucional para lograr que las direcciones provinciales revisen en las respectivas coordinaciones zonales las historias clínicas de quienes obtuvieron el carné.
Recordó que acudió ante la Fiscalía General de Estado, con el fin de presentar la información y requerir la investigación de este caso.
PV
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