La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, al proyecto de Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva.
El titular de la Comisión, Daniel Noboa Azin, puntualizó que tras la revisión del veto concluyó que los criterios planteados por la Presidencia son útiles para mejorar la aplicabilidad de la Ley y alcanzar los objetivos que se persiguen con la misma. Además, dijo que el Ejecutivo ha logrado adaptar el articulado para que no se enfoque únicamente en el reciclaje y la administración de los residuos, sino que tenga una orientación más integral haciendo uso de las 9 R de la economía circular.
En otro aspecto, puntualizó que en las objeciones el jefe de Estado se pretende limitar y hasta eliminar la responsabilidad extendida de las empresas con respecto a los residuos que generan, situación que no comparte, añadió.
Ratificaciones
De los 59 artículos que contiene la norma, la mesa se ratificó en cinco: artículo 19, Obsolescencia programada; 20, Reconocimiento del oficio de reciclador de base; 21, Fomento de la asociatividad; 24, Responsabilidad extendida del productor; y 40, Obligaciones de los generadores de residuos.
El asambleísta César Rohon, dejó claro que en el artículo 20 no se pretende incluir al reciclador en el rol salarial del Estado, solo y únicamente es una estricta definición del oficio, argumentó. Sobre la asociatividad, artículo 21, remarcó que se han constituido gremios y asociaciones y eso debe mantenerse de acuerdo con el artículo original.
Allanamientos
La Comisión se allanó en 48 observaciones del Ejecutivo, relacionadas con el objetivo de la norma, principios, definiciones, eliminación del Comité Nacional de Economía Circular, registro, compras públicas, entre otras. También se allanaron a las disposiciones transitorias y reformatorias.
Las asambleístas Wilma Andrade y Nathalie Arias indicaron que el veto del Ejecutivo mejora, amplía y aclara conceptos de la normativa.
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