La Fiscal General del Estado, Diana Salazar y la defensora del Pueblo, subrogante, Zaida Rovira, expusieron ante la Comisión de Justicia las acciones desarrolladas ante la denuncia presentada por los hechos ocurridos en octubre de 2019 y el informe presentado por la Comisión de la Verdad y la Justicia que advierte violación de derechos humanos.
La comparecencia se cumplió por pedido de la legisladora Jhajaira Urresta, quien afirmó que el país demanda respuestas, justicia y reparación de las víctimas, así como celeridad en la sustanciación de los procesos legales para sancionar a los responsables y, con ello, la reparación correspondiente.
También reclamó la intervención de la Defensoría del Pueblo ante la detención de 16 jóvenes que se encuentran acusados del incendio del edificio de la Contraloría, cuando existen denuncias, incluso desde la propia institución, que se trató de un autoatentado.
Por pedido de los legisladores, la Comisión solicitó a la Defensora del Pueblo que remita toda la información sobre las personas que perdieron órganos, como un ojo, un brazo o una pierna y que fueron afectadas en sus derechos en los acontecimientos de octubre para exigir la reparación y la asistencia psicológica respectiva.
De su lado, la defensora del Pueblo, subrogante, Zaida Rovira, informó que vigilan que se cumpla el debido proceso, brindan asistencia psicológica a las víctimas y, en base a ello, presentan los informes correspondientes.
Informó, además que la Defensoría cumple las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia, a la vez que aseveró que para exigir la reparación de las víctimas esperan que se dicten las sentencias condenatorias.
Agregó que mantienen un convenio con la Fundación Tierra Nueva para brindar atención psicológica a las víctimas de octubre de 2019, al tiempo que recordó que la respectiva denuncia se presentó en la Fiscalía el 23 de marzo de 2021 y que ayer recibió la boleta de la Fiscalía con el impulso del proceso.
También dio a conocer que la Defensoría viabilizó el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país, que entrevistó a las personas afectadas en las jornadas de octubre de 2019.
Con la fiscal General del Estado, Diana Salazar se revisaron además de las acciones ante la denuncia por violaciones de derechos humanos, sus publicaciones en redes sociales, en las que pidió que no cuenten ella para torcer la justicia y que ningún procesado puede tener privilegios. Mientras los procesados sigan en el poder será difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia, afirmó en aquella ocasión.
Al respecto, Diana Salazar expuso las diligencias que se han cumplido en los procesos legales que se siguen por los casos de protesta social.
Aseguró que la Fiscalía actúa en conformidad con las disposiciones de la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, que tutelan la libertad de expresión y asociación de forma pacífica.
Recordó que la Fiscalía conformó un equipo técnico con fiscales especializados en Derechos Humanos y Participación Ciudadana y en investigación de delitos relacionados con delincuencia organizada transnacional, a fin de dar respuesta oportuna ante las denuncias.
Informó que con la denuncia del Defensor del Pueblo la Fiscalía inició la investigación previa y ha practicado varias diligencias a partir del 16 de abril de 2021 que inició la investigación. Tras señalar que se han iniciado 789 casos a raíz de las protestas, manifestó que el informe de la Comisión de la Verdad contiene una connotación de delito de lesa humanidad, lo que demanda designar peritos expertos en derechos humanos.
Destacó que la investigación no se ha detenido, pues en los 789 casos instaurados, se han realizado más de 11 mil diligencias, a la vez que relató que 639 procesos en encuentran en etapa de investigación previa, 63 se hallan con juicio y 5 con sentencia.
Diana Salazar advirtió que en el camino se han topado con nudos críticos que impiden avanzar con celeridad, como por ejemplo la falta de elementos que configuren la responsabilidad, más allá de toda duda razonable, que permitan probar quién lo hizo, quiénes ordenaron o qué línea de mando siguieron.
Añadió que otros nudos críticos se refieren a a que las presuntas víctimas indican no recordar a los agresores, los videos del ECU 911 no permiten identificar personas y la falta de colaboración en las entidades de seguridad y su personal.
PV
