La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el legislador Daniel Noboa Azin, trató el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En ese marco recibió a Andrés Bedón, director Nacional de Tecnologías para la Educación, del Ministerio de Educación.
El asambleísta Daniel Noboa mencionó que la emergencia sanitaria obliga a reformar leyes, en tal sentido, habló sobre el acceso al servicio de internet. Advirtió que si bien antes era un lujo, ahora se ha convertido en una necesidad y se refirió a que miles de niños, niñas y adolescentes han tenido dificultades para continuar con su educación. Remarcó que la realidad se vuelve más compleja y dramática en los sectores rurales donde en muchos casos, niños y jóvenes, han dejado de estudiar. Señaló que es necesario garantizar los derechos reconocidos en la Constitución sobre el acceso a las tecnologías de información.
Andrés Bedón, representante del Ministerio de Educación, antes de hacer sus observaciones al proyecto indicó que durante la pandemia implementaron cinco ejes de gestión: currículum priorizado; gestión de plataformas educativas y conectividad; (aquí se estableció un convenio de cooperación con el Ministerio de Telecomunicaciones); dotación de tablets y trabajo de conectividad; formación docente; normativa y contención y apoyo emocional a las familias.
Ya sobre la propuesta de ley sostuvo que se debería actualizar la cobertura de internet a nivel hogar, pues antes era de 45 %, en la actualidad está en el 50 %, en la ruralidad estaba en el 27 % mientras que ahora es del 30 %.
Asimismo, remarcó que como una familia de escasos recursos no puede pagar de 5 a 10 dólares por el acceso a internet sería necesario subsidiar los contenidos del Ministerio de Educación y de otros servicios del Estado, por ejemplo, salud. Además, dijo que se analiza implementar la tarifa de rating cero para acceso a internet a estudiantes en plataformas educativas.
También, sostuvo que se prevé que las reformas permitan reducir las brechas de accesibilidad, ampliar la infraestructura y mejorar la cobertura para el acceso a las telecomunicaciones para estudiantes y docentes.
En otro aspecto, indicó que desde el Ministerio de Educación se prevé implementar una política pública para gestión digital, la cual se presentaría la segunda semana de agosto.
Interrogantes
La asambleísta Nathalie Arias preguntó por qué el Mintel solo entregó tablets a un número determinado de estudiantes de primero de bachillerato. A lo que el funcionario respondió que la reducción de brechas de tecnología es progresiva, se les dotó considerando las necesidades de accesibilidad a contenidos educativos y estas les servirá hasta culminar el bachillerato. La legisladora también se refirió al 1 % del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones.
De su lado, Wilma Andrade opinó que la brecha tecnológica mantiene en grave situación al sistema educativo. Remarcó que seis de cada 10 niños que viven en ciudad tienen acceso a internet y en la ruralidad la situación es más grave. Puntualizó que las brechas deben reducirse con el uso del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones. Así niños y jóvenes podrán acceder a su derecho a una educación de calidad, añadió.
Mientras que el asambleísta Francisco Jiménez preguntó si el Ministerio tiene un mapeo referente a la brecha digital en lo que refiere a los docentes. De su parte, el legislador César Rohon preguntó cuál es el valor de un plan de datos que necesitaría un estudiante para poder educarse. El funcionario indicó que lo mínimo sería cinco o seis dólares, sin embargo, depende del nivel de educación.
Ley de Protección de Datos
En otro punto, los miembros de la Comisión recibieron a Carmen Buján, ministra consejera de España en Ecuador. Ella se refirió a la Ley de Protección de Datos Personales, aprobada por la Asamblea, el pasado martes 11 de mayo.
Durante su intervención hizo referencia a la ley de su país respecto al mismo tema. Dijo que es necesario empoderar al ciudadano para que sea dueño de sus datos. Apuntó que la norma facilita el derecho constitucional a la protección de datos personales y es un derecho fundamental de los ciudadanos.
SV/pv
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