La Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte continúa la recepción de aportes previo a la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de ley para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en personas vulnerables. Este miércoles recibió los criterios técnicos de Hernani Mendoza, viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, quien subrayó la importancia de la propuesta y la voluntad de construirla de manera articulada.
Resaltó la importancia de garantizar la soberanía alimentaria y la trazabilidad de los productos hacia la economía familiar y campesina, para lo cual trabajan con la empresa privada en un sello de la agricultura familiar y campesina, para que los consumidores puedan elegir los productos provenientes de esta actividad.
“Estamos articulados y creemos en el proyecto de ley”, reiteró al solicitar la participación en la construcción de la propuesta para trabajar en una soberanía alimentaria que brinde productos nutritivos y libres de toxicidad. Pidió que el tema relacionado con la pérdida de alimentos se especifique la autoridad competente o el responsable de determinar la disminución de la calidad de los alimentos y bajo qué mecanismos.
Recomendó mantener la técnica en la redacción legislativa en cuanto a las personas que viven en condición de pobreza y hambre y vulnerables. A fin de evitar dispersión normativa en el tema de la soberanía alimentaria sugirió no incorporar aspectos que estén regulados en otra ley. Sobre la distribución, dijo que es importante vincular al Ministerio de Inclusión Económica y Social, institución que genera estrategias prioritarias para personas en estado de vulnerabilidad.
El presidente de la Comisión, Marcos Molina, subrayó que el concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado a través de los años y que nuestra Constitución lo reconoce para la garantía autosuficiente de alimentos sanos. Recordó que hay alimentos en el agro que se desperdician por falta de transporte y que pueden servir para la alimentación de las personas vulnerables.
Gestión por emergencia sanitaria
En otro orden, los asambleísta conocieron la visión de la Presidencia de la República sobre el proyecto de Ley para la Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia. Mauricio Guimm y Josueth Almeida, delegados de la Secretaría Jurídica, expusieron su posición técnica y mencionaron que la norma no es aplicable, porque crea un mecanismo de restricción de derechos diferentes a los contemplados en la Constitución, que determina un solo llamado estado de excepción.
Mauricio Guimm consideró que es inaplicable la propuesta, ya que genera conflicto de competencias. Sostuvo que los estados de excepción están sometidos a estándares de temporalidad, necesidad, territorialidad, legalidad y no hay control posterior, por tanto tiene vicios de inconstitucionalidad insalvables.
De su lado Josueth Almeida sostuvo que la norma restringe derechos y no incluye garantías para los ciudadanos afectados; no impone límite de temporalidad a la situación de excepcionalidad; no establece qué órgano resolverá multas e impugnaciones, por ejemplo, generadas por la activación de una restricción a la movilidad o nuevas formas de estados de excepción. El proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad.
El presidente de la Comisión, Marcos Molina, expresó que es importante tomar en cuenta las observaciones de la Secretaría Jurídica de la Presidencia al proyecto. Solicitó que se les haga llegar un texto alternativo para preparar una ley acorde a las necesidades. El asambleísta Rafael Lucero coincidió en la necesidad de articular un texto alternativo y agilizar los procesos.
De igual forma, la vicepresidenta e la Comisión, María José Plaza, afirmó que es importante tomar en cuenta el impacto económico que tendría este proyecto, por lo que solicitó que el Ministerio de Finanzas emita un informe técnico al respecto.
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