Fiscalización calificó solicitud de juicio político contra Pablo Celi, contralor subrogante

Miércoles, 30 de junio del 2021 - 18:29 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Fiscalización y Control Político, con el voto unánime de sus nueve miembros, calificó la solicitud de juicio político en contra de Pablo Celi, contralor subrogante, propuesta por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, por incumplimiento de funciones.

Tras la calificación a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el organismo notificará al funcionario sobre el inicio del juicio, acompañando la solicitud y la documentación de sustento a fin de que, en el plazo de quince días, presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes. En el mismo acto notificará al asambleísta solicitante, para que, dentro del plazo de quince días, presente las pruebas que sustenten sus afirmaciones.

La norma, en el tercer inciso del mismo artículo, determina que con la contestación del funcionario enjuiciado o sin ella, se establecerá el plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas.

Causales

El asambleísta Juan Cristóbal Lloret propone el juicio con cinco causales, entre ellas, la legalización del nombramiento de Pablo Celi, tomando en cuenta que no existe una acción de personal que certifique la subrogación del despacho del Contralor, tras la salida de su antecesor, Carlos Pólit; la trama de Odebrecht y el papel que habría jugado Celi, al establecer informes con indicios de responsabilidad contra funcionarios, pero liberando de toda responsabilidad a la empresa constructora brasileña.

Además, el contrato suscrito con Daniel Salcedo Bonilla por un millón 150 mil dólares que se adjudicó de forma irregular, en apenas seis días, modificando el plan anual de contrataciones y los términos de referencia para favorecer a la empresa de comunicación de Salcedo, que paradójicamente, estaba cuestionada por la propia Contraloría.

También, la interferencia de la Contraloría en las competencias exclusivas de la Función Electoral, cuando dispuso la eliminación del registro de organizaciones políticas de los movimientos Fuerza Compromiso Social, Justicia Social, Juntos Podemos y Libertad es Pueblo; y, después, cuando pretendió hacer una auditoría al sistema informático en medio del último proceso electoral.

EG/pv

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