La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, con el fin de analizar las diversas acciones que permitan superar la crisis institucional que enfrenta la Contraloría General del Estado.
En la comisión, que preside el legislador Ferdinan Álvarez, estuvieron Sofía Almeida, presidenta del Consejo y los consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos, Graciela Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, quienes coincidieron en señalar que es un problema heredado del consejo transitorio, ya que dispuso que Pablo Celi, como contralor subrogante permanezca en el ejercicio de sus funciones hasta completar el período para el cual fue elegido el titular, esto es hasta marzo de 2022.
El legislador Ferdinan Álvarez explicó que los funcionarios fueron llamados para que expliquen las acciones efectuadas para avanzar en el concurso para la elección y designación del Contralor General del Estado y respecto de la crisis institucional que enfrenta la Contraloría y una eventual situación de acefalía.
Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, informó que el proyecto de reglamento para el concurso de méritos y oposición se encuentra en la etapa de socialización para que la ciudadanía entregue las observaciones, a fin de dar legitimidad a la designación de la autoridad de control tan importante para precautelar los recursos públicos.
Aseveró que la Corte Constitucional blindó las resoluciones del Consejo de Participación Transitorio, lo que les impidió convocar a concurso de merecimientos, a la vez que recordó que el Procurador General del Estado emitió dictamen en el sentido que ni la Constitución ni la ley les faculta nombrar a un contralor encargado.
Explicó que de acuerdo con la normativa legal vigente el concurso demora entre 6 y 8 meses, tiempo en el cual persistirá el problema que vive la Contraloría General del Estado, razón por la que sugirió emprender en una norma interpretativa del artículo 33 de la Ley de la Contraloría, que les permita encargar la función de Contralor.
Hemos trabajado y actuado con base a la ley, apegados a Derecho para que el proceso sea legítimo, legal y cuente con la aprobación de la ciudadanía, subrayó.
Estos criterios fueron corroborados por los consejeros, entre ellos David Rosero, quien dio a conocer que esta semana culminará la socialización del reglamento que será aprobado la próxima semana y este mes se convocará al concurso de méritos y oposición para la designación, mientras que Juan Javier Dávalos coincidió en la necesidad de dar una salida legal a la crisis institucional que vive la Contraloría.
El consejero Hernán Ulloa sugirió buscar el mecanismo legal para encargar la función de Contralor a una persona que goce de las credenciales profesionales y el perfil ético que exige la Constitución.
A su vez, los legisladores Ricardo Ulcuango y Ronny Aleaga cuestionaron la gestión de los consejeros de Participación Ciudadana e insistieron en la necesidad que las autoridades competentes actúen de manera urgente para superar la difícil situación legal que vive la Contraloría. Afirmaron que el Consejo debió requerir un pronunciamiento de la Corte Constitucional, criterio que fue compartido por la asambleísta Nathalie Viteri. La parlamentaria advirtió que desde agosto de 2016 está vigente el reglamento para el concurso de méritos y oposición y, por tanto, están perdiendo el tiempo en la socialización.
Carlos Falquez sugirió a los consejeros elevar una consulta al Procurador del Estado para que defina si la designación de Carlos Riofrío como Contralor encargado, por parte de Pablo Celi se ajusta a las normas legales, como un mecanismo para evitar la acefalía, mientras que los legisladores Rosa Mayorga, Mauricio Zambrano y Ricardo Chávez demandaron la actuación de los consejeros para superar este problema.
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