La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral recibió a varias autoridades públicas para que expliquen la problemática que enfrenta el Sistema de Rehabilitación Social. Sobre la base de las intervenciones, la mesa legislativa se comprometió a realizar los cambios respectivos en la normativa legal con la participación de las entidades involucradas en el tema, así como llevar adelante procesos de fiscalización para lograr la seguridad anhelada para todos los ecuatorianos.
Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai); Jonn Game, del Ministerio de Gobierno y Fausto Salinas, de la Policía Nacional, precisaron que hay falencias estructurales en el Sistema de Rehabilitación Social, debido a la construcción de mega centros sin planificación; atomización de las personas privadas de la libertad; alto costo de operación, deterioro, hacinamiento, tecnología obsoleta y deteriorada.
Así mismo, falta de profesionalización e institucionalización del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria; insuficiente número de agentes de seguridad; corrupción; y la no existencia de centros de privación de libertad en las provincias de Zamora, Orellana y Galápagos, lo que genera mayor dificultad para el restablecimiento del orden al presentarse una crisis.
El Director del Snai indicó que para mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de la libertad, desarrollaron 18 proyectos de infraestructura a nivel nacional sobre todo para personas adultas mayores. En materia de seguridad se institucionalizó el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, a través de una carrera técnica de capacitación a 1.480 servidores en distintas temáticas, se ejecutaron traslados de personas privadas de la libertad,se adquirieron cámaras de seguridad, etc.
Expuso que se requiere contratar 300 servidores cada año, lo cual permitirá llegar al 2025 con un 78% del personal necesario para controlar la población penitenciaria. Recordó que en 2011 tenían un presupuesto de 109 millones de dólares con una población carcelaria de 16 mil personas y al 2021 existen alrededor de 39 mil privados de la libertad con recursos escasos para atención a seguridad.
De su lado, John Game, del Ministerio de Gobierno, señaló que hay una débil institucionalización de la carrera penitenciaria. El Snai no tiene competencias para construir nuevos centros. El hacinamiento es uno de los problemas graves, por lo que se debe mantener un equilibrio adecuado entre los aspectos físicos, procedimental y dinámico de la seguridad en el caso de todos los reclusos, incluso los de alto riesgo, afirmó.
Pidió a los parlamentarios elaborar una Ley de Régimen Penitenciario, para la rehabilitación social efectiva, misma que debe contar con los presupuestos necesarios; reformar el Código Orgánico Integral Penal para establecer un régimen especial penitenciario que permita la clasificación adecuada de los PPL y reformas al Código de Seguridad Ciudadana y Orden Público, para institucionalizar el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria, a fin de alcanzar la carrera y profesionalización.
El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, señaló que se debe garantizar el presupuesto para enfrentar la situación carcelaria. Pidió al representante del Ministerio de Gobierno las normativas propuestas para incorporarlas en la mesa para el respectivo análisis.
Fausto Salinas, de la Policía Nacional, señaló que se necesita el apoyo de todas las instituciones para cambiar la situación del sistema carcelario, tomando en cuenta que es un problema de país. Subrayó que la Policía apoya con 1.400 efectivos para la seguridad perimetral con patrullajes continuos, vigilancia en torres, control en el filtro de ingresos y salida de personas, vehículos y objetos, restablecimiento del orden en los centros de privación de la libertad, operativos de requisas, apoyo en operativos de traslado de personas privadas de la libertad, así como a la seguridad y vigilancia en casas de salud, de ser requerido.
Los parlamentarios formularon varias inquietudes sobre el número de operativos y sus resultados, las acciones disciplinarias en contra de los guías penitenciarios que atacaron a miembros de la Policía Nacional, la necesidad de transparentar el uso de recursos económicos.
El director del Snai respondió que se han realizado 1.631 operativos, donde se decomisaron 963 teléfonos celulares. Mencionó que hasta el momento no hay sentencia disciplinaria contra los guías penitenciarios, porque el proceso sigue en trámite.
Derechos Humanos
En la Comisión debía comparecer Bernarda Ordóñez, Secretaria de Derechos Humanos para que exponga las acciones ejecutadas y planificadas para prevenir, investigar y reparar las posibles violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Sin embargo, a través de un oficio afirmó que no es un tema inherente de esta Secretaría.
El Presidente del organismo legislativo señaló que la funcionaria no puede deslindarse de lo que está sucediendo en las cárceles, más aún cuando es parte el directorio del Sistema de Rehabilitación Social.
Salud
Por último, Glenda Guayasamín, en representación de la Ministra de Salud, presentó un informe sobre los procesos llevados a cabo y los exámenes médicos de José Agusto Briones, quien falleció en la cárcel No. 4 de Quito.
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