La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana se reunió esta mañana, con el fin de avocar conocimiento del proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, remitido a la Asamblea Nacional por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado 25 de mayo.
La mesa recibió a Eduardo Bonilla, secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República para que explique el contenido del documento. Al iniciar su intervención indicó que la norma busca garantizar la libertad de expresión promoviendo la autorregulación.
Remarcó que el proyecto está dividido en tres capítulos. En el primero trata sobre la libertad de expresión, con enfoque de protección y garantía. Resaltó que el ejercicio de la actividad periodística y de comunicación debe regirse por estándares éticos y de autorregulación, en ningún caso por estándares impuestos por el Estado. Sostuvo que la libertad no es sinónimo de libertinaje y va anclada a una responsabilidad.
En el Capítulo 2 se establecen los mecanismos para garantizar el derecho de la libre expresión sustentado en tres pilares: autorregulación sin censura previa, derecho a la réplica y copias de programas o impresos. Apuntó que si bien no hay censura previa sí hay responsabilidad ulterior, a la vez que dijo que existen todos los mecanismos de reclamo vía civil. Señaló, además, que la normativa no obliga a la rectificación de opiniones.
El Capítulo 3 tiene relación a estándares internacionales de derechos humanos para protección a periodistas y comunicadores, como la cláusula de conciencia, reserva de la fuente, secreto profesional y libre ejercicio de comunicación.
En cuanto a las disposiciones reformatorias sostuvo que es necesario cambiar el nombre de Ley Orgánica de Comunicación por Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. También sugirió derogar desde el artículo 1 hasta el 91.4 y desde el artículo 104 al 119 de la Ley de Comunicación, así como el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal
Al culminar la exposición del proyecto remarcó que la propuesta busca poner fin a una etapa de persecución. Añadió que es peligroso que un gobierno utilice el control y sanción de la prensa y periodistas para imponer una sola verdad oficial. La libertad de expresión es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, opinó.
Interrogantes
La asambleísta Marjorie Chávez indicó que el Estado debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Durante su intervención preguntó por qué se eliminará el Consejo de Comunicación creado en consulta popular y por qué no se contempló la venta de medios incautados.
De su parte, el asambleísta Ángel Maita remarcó que el periodismo no se puede sustentar en opiniones, sino en evidencias y realidad. Por lo tanto, consideró que sí es necesario un ente regulador. Apuntó que es necesario analizar esta propuesta que deja de lado a los medios comunitarios y alternativos, pues no se puede permitir que los grandes medios manipulen la información, añadió.
Mientras que la legisladora Jessica Castillo señaló que esta norma deja de lado varios artículos que protegen derechos legales y constitucionales como las garantías de niños, niñas y adolescentes, así como de pueblos y nacionalidades.
El secretario de Comunicación indicó que lo más potente de esta ley es reforzar la libertad de expresión con responsabilidad. Así también indicó que los medios comunitarios se mantienen en la ley. Indicó que en esta nueva normativa ya no se trata a los ciudadanos ni a los medios como niños, y no es necesario que exista un “papá curador” de la información para que cuando haya una disputa se tenga que acudir a preguntar a un tercero, en referencia al Consejo.
Sobre la venta de los medios incautados remarcó que estos tienen problemas laborales, balances incompletos o medidas cautelares, por lo que se necesita poner en orden las empresas. La decisión política es venderlos, opinó.
Roberto Andrade, asesor de la Presidencia de la República, mencionó que la nueva norma pretende un enfoque civil restaurativo y de derechos humanos acudiendo a la mínima intervención penal.
En otras intervenciones, el parlamentario Fernando Cedeño indicó que la falta de contrastación de información es grave para la democracia en cualquier Estado. Además, remarcó que es necesario un ente regulador. La asambleísta Marcela Holguín preguntó por qué no hubo participación de los trabajadores para hacer este nuevo proyecto, por qué se eliminan garantías de los trabajadores de comunicación, entre otros aspectos.
Así mismo, la legisladora Mónica Palacios pidió al Secretario de Comunicación que explique cómo se pretende garantizar la responsabilidad ulterior y qué tratamiento le dará la ley al linchamiento mediático, mientras que la asambleísta Raisa Corral indagó sobre qué pasará con el derecho a la réplica.
El secretario de Estado insistió en que la autorregulación tiene mayores mecanismos y más efectivos para garantizar el derecho a la comunicación y la información. Así mismo, hizo énfasis en el derecho a la libertad de prensa, la multiplicidad de voces y el acceso a la información contrastada. Remarcó que la norma si contempla espacio para el derecho a la réplica.
SV/pv
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