En la Comisión de Biodiversidad comparecieron autoridades de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR), del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y del Ministerio de Energía, quienes informaron las acciones que se tomaron ante el nuevo socavón que se produjo en la zona de exclusión minera de Zaruma, provincia de El Oro.
Los parlamentarios señalaron que no hay claridad en el tema, solo expectativas, sin acciones firmes para dar solución a un problema permanente que pone en peligro a los zarumeños por efecto de la minería ilegal, que provoca hundimientos en el sector.
Jaime Cepeda, director ejecutivo de ARCERNNR, señaló que la zona de exclusión minera tiene 177,73 hectáreas. En el 2020 se realizaron 30 inspecciones y cuatro operativos que dieron como resultado 150 bultos de material mineral decomisado; en el 2021 se efectuaron 37 inspecciones y 8 operativos que permitieron decomisar 56 bultos de material mineral, mismos que se encuentran en custodia de la Policía Judicial. Pese a la serie de controles, continúa la minería ilegal, agregó.
Informó que el pasado 1 de julio se realizó una reunión con la Secretaría de Gestión de Riesgo, el Ministerio de Energía, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Zaruma, la Gobernación de El Oro y la Policía Nacional, donde se estableció que no es posible determinar la causa del hundimiento sin antes realizar los estudios correspondientes a las actividades contiguas. Dijo que puede relacionarse a labores mineras o a procesos superficiales de la ladera.
Indicó que debido al nuevo hundimiento se planificaron inspecciones colindantes a la zona de exclusión; se exhortó al CECMI para que establezca los mecanismos idóneos para el control y erradicación de las actividades de minería ilegal en todo el territorio nacional. Dijo que el tema es complejo porque no cuentan con personal para este fin. Una vez que se cuente con el personal necesario se realizará una reestructuración administrativa para fortalecer la coordinación técnica de regulación y control minero y las unidades descentralizadas a nivel nacional.
Actualmente, gestionan la asignación de recursos para el proyecto de Seguimiento, Control y Evaluación de labores mineras en el distrito Zaruma. Mencionó que el catastro minero se encuentra cerrado desde 2018 y que a partir de ese año la Agencia no registra actos administrativos respecto al otorgamiento de nuevos títulos mineros.
Por su parte, Christian Torres, Secretario de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), indicó que en la evaluación del 2 de julio de 2021, no hubo afectaciones directas. Expresó que se debe buscar una unificación a corto y largo plazo para la exposición que genera la actividad minera. Informó que ha mantenido varias reuniones con autoridades para determinar un presupuesto para estos casos.
De su lado, Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, recordó que el catastro minero es el sistema en el cual se registra y administra información de los derechos mineros otorgados por el Estado para la ejecución de actividades mineras. Señaló que el cierre del catastro tiene como objetivo depurar y consolidar un sistema informático que permita tener información actualizada y transparente de los derechos mineros.
Indicó que hace falta el fortalecimiento institucional del sector minero para evitar demoras en los procesos de otorgamiento. Dio a conocer que se buscó un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para establecer el Sistema Integral de Gestión de la Información Minera. Además, se elaboró el instructivo que establece el proceso administrativo para el otorgamiento, administración y extinción de derecho para ejecución de actividades de minería artesanal y de sustento de minerales metálicos y no metálicos a nivel nacional.
Al ser consultado sobre la política hidrocarburífera, mencionó que el 7 de julio de 2021 se firmó el decreto por el cual se expide la nueva política hidrocarburífera con 4 ejes de acción: reformas a la Ley de Hidrocarburos sobre el modelo de participación; atracción de inversiones mediante la delegación a la iniciativa privada para la operación de campos, eficiencia en la empresa pública con auditorías al proceso de fusión de las petroleras estatales; y, transparencia de los procesos de selección de gerentes con firma especializada, revisión y diagnóstico de procesos de comercialización de petróleo de los últimos 10 años.
Señaló que la nueva política se alinea con los objetivos de desarrollo de sostenibilidad que promueve el Gobierno para realizar actividades hidrocarburíferas, económicamente rentables, ambientalmente responsables y socialmente sostenibles.
La legisladora Johanna Moreira, quien solicitó la comparecencia de las autoridades, dijo que no es posible que luego de 14 días no haya un estudio claro de las personas afectadas por este nuevo hundimiento.
Afirmó que la minería ilegal es un tema recurrente de años, sin que se dé una respuesta contundente. Si bien existen reuniones permanentes de las instituciones involucradas, no hay soluciones efectivas, pues a pesar de las regulaciones continúa la minería ilegal, delito que se encuentra penado en el Código Integral Penal.
El parlamentario Juan Cristóbal LLoret dijo que se han dictado varios acuerdos, pero que no se concretan. Sugirió al Ministerio de Energía realizar auditorías al catastro minero, porque debe haber responsabilidad administrativa, a fin de remediar los hundimientos que se producen en Zaruma.
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