El Pleno de la Asamblea Nacional analizó un proyecto de resolución propuesto por el legislador Ricardo Ulcuango, respecto a la reincorporación del Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La decisión fue adoptada por parte del Gobierno Nacional con un dictamen emitido por la Corte Constitucional, el cual establecía que la ratificación de este convenio no requiere aprobación del Legislativo.
El proponente de la iniciativa argumentó que Ecuador abandonó el CIADI, en julio de 2009, ya que el Centro protege a las grandes multilaterales por encima de cualquier norma nacional. Condenó que el país haya pagado elevadas cantidades de dinero a petroleras y citó como ejemplo el caso Occidental, 180 millones de dólares; Perenco, 374 millones, Repsol 13.3 millones de dólares, entre otros.
Pidió que se respeten los artículos 419 numeral 7 y 422 de la Constitución de la República, que determinan que “el Ecuador no puede celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional”.
El asambleísta César Rohon remarcó que sí correspondía a la Asamblea analizar aprobar o rechazar el regreso al CIADI. Sin embargo, indicó que se consultó directamente a la Corte. Ahora lo que corresponde, dijo, es acatar el dictamen del máximo organismo constitucional, ya que es inapelable. También resaltó que Ecuador debe ser parte del comercio mundial y sin duda existe la norma del arbitraje como un mecanismo para resolver controversias ante un juez imparcial.
La legisladora Viviana Veloz pidió que se respete la Constitución. Señaló que si bien pueden existir instrumentos que no pasen por la Asamblea, bajo ningún concepto implica que esta falta de control habilite al Ejecutivo a ratificar convenios inconstitucionales.
El parlamentario Peter Calo dijo que se han perdido millones de dólares en el caso Perenco, cuyos recursos pudieron ser destinados a salud, educación y fomento productivo. “Rechazamos la suscripción al CIADI por parte del Gobierno, que debe ser garante del respeto a la soberanía de todo el territorio nacional”, expresó.
El asambleísta Diego Ordóñez apuntó que la reincorporación del Ecuador al CIADI es una decisión soberana. Indicó que existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional y que el CIADI es una instancia sobre inversiones y no de controversias contractuales o de índole comercial.
Mireya Pazmiño sostuvo que se ha violentado el artículo 422 de la Constitución. Dijo, además, que el 90 % de los tratados bilaterales de inversión se firmaron en los gobiernos que aplicaron políticas neoliberales. Los resultados del arbitraje en el CIADI han sido adversos para el país, afirmó.
De su parte, la legisladora Esther Cuesta argumentó que el regreso al CIADI es inconstitucional y que la Corte inobservó la Constitución y prefirió que millones de dólares salgan del país, cuando ese dinero se pudo invertir en educación, salud y vacunas.
Mientras que el asambleísta Fernando Villavicencio hizo un recuento de las condiciones de los contratos con China y la sujeción de solución de controversias en la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. Añadió que el pronunciamiento de la Corte Constitucional no obliga someterse al CIADI.
El legislador Salvador Quishpe sostuvo que se pretende ingresar nuevamente al CIADI argumentando el crecimiento de la inversión extranjera. En ese marco, pidió que se diga cuánta inversión, excepto en petróleo y minería, ha llegado al Ecuador desde 1986 hasta 2009. Sugirió la comparecencia del Canciller y autoridades para que expliquen la suscripción del convenio.
El asambleísta Juan Fernando Flores expresó que las resoluciones de la Corte son inapelables, por lo tanto, la Asamblea no puede pretender decirle al organismo constitucional lo que debe hacer. Mientras que el legislador Cristian Yucailla rechazó el regreso del Ecuador al CIADI, mencionó que la Asamblea Nacional es la instancia que tiene las atribuciones para decidir sobre los tratados e instrumentos internacionales.
El parlamentario Ferdinan Álvarez afirmó que la Corte Constitucional ha vulnerado la Carta Magna porque este convenio debía pasar por la Asamblea. La asambleísta Wilma Andrade, manifestó que el fallo de la Corte Constitucional no está acorde con la Constitución; no obstante, dijo que se respetará el ordenamiento jurídico.
El legislador Joel Abad puntualizó que el CIADI es la institución líder dedicada a arbitrajes, pero no es neutral, pues falla a favor de multinacionales. Nuestra riqueza se ha entregado en pedazos a las transnacionales, opinó.
El asambleísta Pedro Velasco señaló que la Asamblea Nacional no puede cuestionar los fallos de la Corte Constitucional, porque se interferiría en las funciones del Estado. “Podemos tener la competencia de conocer los tratados internacionales, sí, pero mientras haya un fallo dictado se lo debe acatar. Hay que respetar la Constitución y la normativa vigente”.
La parlamentaria Johanna Moreira manifestó que la Corte Constitucional no podía pasar por encima de la Asamblea Nacional; sin embargo, añadió que se debe respetar el orden jurídico, ya que sus pronunciamientos no son apelables.
El asambleísta Francisco Jiménez sostuvo que la suscripción del Convenio con el CIADI no le obliga a nada al Estado. La realidad de la norma es que el convenio es una facilidad que está a disposición del país para ver bajo qué condiciones lo utiliza. La Corte Constitucional en base a su potestad adoptó la decisión, aclaró.
SV/pv
