El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dirigido por la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, con cinco votos a favor, calificó la solicitud de juicio político en contra de Pablo Celi de la Torre, excontralor del Estado y de María Valentina Zárate, excontralora subrogante, propuesta por el asambleísta Ricardo Vanegas.
Causales
Según la solicitud el enjuiciamiento político se fundamenta por adecuar sus conductas en falta de probidad notoria y haber incumplido sus funciones establecidas en el artículo 212 de la Constitución de la República.
Otras causales, según el legislador acusador, se relacionan con una supuesta delincuencia organizada tipificada en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, referente a ciertas acciones de la Empresa Petroecuador, Contraloría General de Estado y Secretaría General de la Presidencia de República del Ecuador, en el período anterior.
Entre tanto, a la excontralora Valentina Zárate se le acusa por un presunto delito de usurpación y simulación de funciones.
Calificación de proyectos
Así mismo, el CAL calificó dos proyectos de reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado presentados por los legisladores Ángel Maita y Francisco Jiménez, mismos que serán tratados por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Igualmente, el máximo organismo de administración de la Asamblea, calificó el proyecto de Ley para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa y de la Comunicación de iniciativa de los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio, propuesta que será tramitada por la Comisión de Relaciones Internacionales.
Caso Diario El Comercio
Sobre la fiscalización al caso relacionado con el asesinato de los miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio, el CAL resolvió remitir el tema a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.
Activación de trámites
Por último, el Consejo de Administración Legislativa activó el trámite, según lo establecido en el segundo inciso del artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitado por el asambleísta Ángel Maita, quien requirió información al Ministerio de Salud Pública sobre el procedimiento que deben seguir los trabajadores de salud para que se les otorgue el nombramiento definitivo.
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